miércoles, 30 de diciembre de 2009

José E. Crousillat se fue sin pagar al Estado 149 millones de soles

Miguel Gutiérrez R.mgutierrez@larepublica.com.pe
Especialistas en temas legales han expresado que si bien el indulto es una atribución presidencial, es también una obligación del jefe del Estado verificar antes que el reo haya cumplido la sentencia emitida por los órganos jurisdiccionales.
No es el caso de José Enrique Crousillat López Torres, quien hizo todo lo posible para burlar a la justicia peruana, como el intento de fugarse a caballo cruzando la frontera de Argentina a Chile.
Igualmente, está claro que el patriarca de los Crousillat realizó junto con sus abogados una serie de acciones para conseguir que el indulto sea aprobado, como lograr hacer renunciar al director del penal San Jorge, César Orozco Barrios, y al personal médico que lo evaluó y lo declaró clínicamente estable.
El broadcaster televisivo ha buscado la forma de eludir el pago de la reparación civil fijado por la sala penal anticorrupción.
Sentenciado a 8 años de prisión y al pago de una reparación civil de 80 millones de soles, Crousillat sólo ha abonado diez mil 250 soles y 2 mil dólares; es decir, apenas el dos por ciento del monto fijado por las autoridades judiciales.
A esto se añade que Crousillat tampoco ha devuelto los 69 millones de soles pertenecientes al fisco y que Montesinos usurpó para entregárselos a fin de que América Televisión apoyara al gobierno fujimorista.
Según el procurador anticorrupción Pedro Gamarra, ha quedado demostrado que ese dinero nunca ingresó a cuentas del Canal 4, como arguyen sus ex dueños.
Gamarra ha dicho también que no se logró determinar el destino que tomó ese dinero, pero agregó que supone “pudo haberse ocultado en cualquier paraíso fiscal”.
En base a estos argumentos esgrimidos por autoridades y expertos, se puede decir que Crousillat no ha mostrado en ningún momento arrepentimiento por el perjuicio ocasionado al Estado, por lo que las causales de la gracia presidencial resultan ahora sospechosas.
Indulto puede revertirse
Para el decano del Colegios de Abogados del Perú, Walter Gutiérrez Camacho, el indulto es un acto jurisdiccional, y que, como cualquier acto jurídico puede ser declarado nulo si se verifica que no ha cumplido con los requisitos previstos para su concesión.
“Esto sucedería por ejemplo si el condenado solicita el indulto, y si para ello falsea información sobre su estado de salud simulando una enfermedad, o si para ello algún funcionario público emite un informe fraudulento que acredite dicha condición”, señaló.
De verificarse esta situación, el acto sería nulo y, por lo tanto, el Presidente emitiría una resolución suprema que derogue a la anterior y revoque el indulto”, explicó el letrado.
Walter Gutiérrez explicó que el indulto es un acto humanitario, pero que no se puede otorgar a quienes no acrediten razones humanitarias relacionadas con la dignidad.
Agregó que por eso existe la Comisión Especial de Indultos, que es el ente responsable de verificar las condiciones para que el beneficio proceda o no.
Investigación es inminente
La 17 Fiscalía Provincial Penal decidirá mañana si decide abrir una investigación de oficio respecto a las irregularidades previas a la entrega del indulto del presidente Alan García.
El ex procurador Luis Vargas Valdivia consideró que la gracia presidencial puede revertirse si se comprueba que existen informes médicos que indican que Crousillat estaba en perfecto estado de salud.
El penalista Lamas Puccio afirmó que el indulto debe ser revocado si se comprueba que se tramitó el perdón ignorando los partes médicos del INPE.
http://www.larepublica.pe/indulto-trafa/30/12/2009/jose-e-crousillat-se-fue-sin-pagar-al-estado-149-millones-de-soles

sábado, 19 de diciembre de 2009

¿Dónde están los abogados de primera?

Por: Juan Paredes Castro
Lo normal seria que por una vacante del Tribunal Constitucional se pelearan, en el mejor sentido de la palabra, nuestros mejores juristas.
Lamentablemente no es así. Por el contrario: las dos vacantes abiertas en esta última instancia de control de la Carta Política del país Parecen no haber despertado el interés de nadie.
No faltan espontáneos que se apuntan en la tapa, pero con currículos tan grises que no viene al caso mencionarlos.
Una primera explicación de lo que sucede podriamos encontrarla en la actuación del tribunal propiamente dicho y de Algunos de sus miembros Respecto de Resoluciones, sentencias y pronunciamientos controversiales de los últimos tiempos. Es más: el Congreso ha cuestionado la Incursión del TC en asuntos legislativos y el Poder Judicial lo ha Acusado de cruzarse en sus competencias.
Donde sí hubo una pelea Voto a voto hasta en segunda vuelta Fue por el Decanato del Colegio de Abogados de Lima, entre las listas de Jorge Santistevan de Noriega y José nique de la Puente. Si una elección como esta atrae tanto, no creemos que el mar Porque solo la acreditación de la Institución sea indispensable para ejercer la profesión. La última Gestión de Walter Gutiérrez como decano revela que el CAL Puede Ponerse Por Encima de su vieja inercia otros Promover gremial y valores deontológicos propiamente de Rescate y cualitativo de la práctica del Derecho y de la justicia en el Perú.
Precisamente el Colegio de Abogados de Lima Podría servir de promotor y Aglutinador de las mejores Iniciativas para Mejorar Nuestras Instituciones VINCULADAS al ejercicio del derecho ya la administración de justicia. Lejos de colocarse en la retaguardia de sus pasivos, el CAL Podría colocarse en la delantera de sus activos, propiciando el rescate de valores profesionales y de postulaciones de Gran Envergadura como las que SE REQUIEREN Para cubrir las plazas vacantes del Tribunal Constitucional.
Estas son las piedras de toque que SE NECESITAN para que las ternas A LOS Elevados cargos en los Organismos del Estado y más aun en los que administran justicia respondan una Criterios de la más alta calidad y competencia.
http://elcomercio.pe/impresa/notas/donde-estan-abogados-primera/20091219/383467

La empresa beneficiada con el pago de una deuda edil tiene nexos con Castañeda

Por Daniel Yovera
Comunicaciones Corporativas y Representaciones (Comunicore), la empresa que en pocos días terminó beneficiada con el pago de una millonaria deuda que la Municipalidad de Lima tenía pendiente con la transnacional Relima, acogió en su directorio a un personaje cercano al alcalde capitalino, Luis Castañeda Lossio.
El ejecutivo en cuestión se llama José Luis Pinillos Broggi, esposo de Giuliana Belaunde Lossio, quien es hija de Elsa Lossio Leguía, prima del alcalde metropolitano. De acuerdo con actas de Comunicore y con documentos de Registros Públicos, Pinillos se convirtió en director de esta compañía a fines de julio de 2005 –junto con Rafael Ruiz Contreras y Henry Brachowicz Vela–, medio año antes del millonario cobro.
El directorio tenía mandato hasta 2008 pero, sorpresivamente, Pinillos renunció el 3 de febrero del año 2006, es decir, cuando el municipio limeño ya le había pagado a Comunicore los S/.35.9 millones de golpe, y no en un plazo de 10 años.
LO NIEGA, PERO... El burgomaestre, a través de sus voceros, dijo a Perú.21 que se trata de familiares en grado octavo de consanguinidad y, por lo tanto, lejanos. Sin embargo, hay elementos que evidencian cercanía y hasta estrecha confianza.
Por un lado, el hermano de Giuliana Belaunde y cuñado de Pinillos es Martín Belaunde Lossio, quien antes de ser financista de Ollanta Humala fue estrecho colaborador en temas financieros de Luis Castañeda durante la campaña del año 2000.
Y, por el otro, el hermano de la señora Elsa Leguía Lossio, Antonio, fue, en el año 2000, secretario del Comité de Campaña de Solidaridad Nacional en Lambayeque y candidato al Congreso por dicho partido. En ese entonces fue, pues, uno de los máximos representantes del movimiento de Luis Castañeda Lossio en esa región.
Notas relacionadas
17/12/09 - La Contraloría vería el extraño pago edil
16/12/09 - El extraño pago de una deuda edil

PCM acusa a ex director de Osiptel ante fiscalía


Denuncia también incluye a funcionario de Telefónica del Perú. Ambos se habrían coludido para evitar rebaja de tarifas
Un caso sin precedentes viene ocurriendo en las telecomunicaciones del país. Lo que comenzó como una rutinaria sesión del consejo directivo del Organismo Supervisor de las Inversiones en Telecomunicaciones (Osiptel) acabó en denuncias penales a un ex directivo de dicho organismo supervisor y a un alto directivo de la principal compañía del sector: Telefónica del Perú.
El motivo: una supuesta influencia en una decisión del consejo directivo, en torno a una rebaja en las tarifas telefónicas de las líneas fijas, que generaría un ahorro de S/.16 millones anuales entre todos los usuarios de este servicio en el país.
CONSEJO DECISIVOEl pasado 27 de noviembre, Osiptel iba a decidir una reducción tarifaria en la renta básica y en el precio por minuto hablado en las llamadas de las líneas fijas, que Telefónica del Perú está obligada a realizar cada trimestre, por aplicación del factor de productividad. El contrato de concesión estipula ello bajo el criterio de beneficiar a la mayoría de usuarios y por tanto, obliga a Telefónica a ser más eficiente.
La regulación del sector permite a la compañía hacer una propuesta para esta obligación, pero da la potestad al consejo directivo de Osiptel de aprobarla o acoger otra alternativa.
Este Diario pudo conocer que en esa oportunidad se debatieron dos posiciones: una era la propuesta de Telefónica para dejar las tarifas como estaban, pues la reducción solicitada ya se estaba haciendo en las líneas que componen sus paquetes dúos y tríos. La otra era la del equipo técnico de Osiptel, que decía que los mencionados paquetes son promociones que podían suspenderse en cualquier momento, y que la rebaja debía hacerse en otras líneas.
PRUEBAS AL CANTOSegún consta en las actas de dicha sesión, se decidió por la propuesta de Telefónica, con dos votos a favor. Uno de ellos fue el de Marco Antonio Torrey Motta, que integraba el consejo directivo de Osiptel desde mayo del 2008, cuando ganó dicha plaza mediante concurso público convocado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Torrey es, además, miembro del Partido Aprista.
La sesión se realizó de manera virtual (vía correo electrónico) y el único voto en discordia fue de Guillermo Thornberry, presidente de Osiptel, quien, según por propia explicación, decidió apoyar a su equipo técnico.
“En el momento de consolidación los votos para elaborar la resolución, los funcionarios de Osiptel detectaron que el documento en formato Word remitido por el consejero Torrey con su voto, no había sido elaborado por él. En el apartado “Propiedades del documento”, los funcionarios de Osiptel comprobaron que como autor de dicho documento constaba el nombre de José Juan Haro Seijas (director de Estrategia y Regulación de Telefónica del Perú). Y como la organización donde se habría elaborado estaba el nombre de dicha compañía, explicó Thornberry.
DENUNCIALos funcionarios del equipo técnico de Osiptel elevaron el 2 de diciembre un informe sobre este hecho a Thornberry, quien al día siguiente remitió el caso al órgano al que está adscrito: la PCM.
Según fuentes del sector, el tema habría motivado sendas reuniones entre el Premier, Javier Velásquez Quesquén, quien habría elevado el caso al Presidente de la República, Alan García. La decisión habría sido la de iniciar una investigación interna.
Por tal razón, Ricardo Raúl Castro, procurador de la PCM denunció ante la 4° Fiscalía Provincial de Lima en lo Penal a Torrey y a Haro por el presunto delito contra la administración pública . Este diario se contactó con Castro, quien confirmó el envío de dicha acción penal.
A su vez, pudo conocer que una denuncia similar habría sido planteada por la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
CAMBIO DE OPINIÓNEn paralelo, la PCM removió del cargo de director de Osiptel a Torrey, y ha dejado a la entidad solo con dos miembros: Thornberry y la directora Carolina Linares.
En sesión posterior, ambos funcionarios aprobaron la reducción efectiva de tarifas.
“Telefónica ya cumplió con este mandato. Esta decisión generará un ahorro de S/.16 millones en un año a los usuarios de los servicios telefónicos”, comentó Thornberry.
El Comercio intentó comunicarse sin éxito con Marco Antonio Torrey y, a través de Telefónica, con José Juan Haro.
EN PUNTOSEl 27 de noviembre, el directorio de Osiptel evaluó la propuesta de ajuste tarifario 2009-febrero 2010.
El directorio por mayoría aprueba la propuesta de Telefónica del Perú. Se desestima la reducción de tarifas.
El 2 de diciembre, la Gerencia de Políticas Regulatorias de Osiptel eleva un informe a la presidencia, para denunciar posibles irregularidades.
El 5 de diciembre es destituido el director de Osiptel, Marco Antonio Torrey Motta. La resolución es suscrita por el presidente Alan García; el primer ministro Javier Velásquez Quesquén; el ministro de Economía Luis Carranza; y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo.
Ese mismo día se revoca la decisión de Osiptel que beneficiaba a Telefónica del Perú.

Denunciarán a médico por hacer trasplante ilegal

Paciente mexicano llegó en estado crítico a clínica local
El Ministerio de Salud demandará penalmente al médico Mario Eduardo Garrido Toribio por presuntamente haber incurrido en trasplante ilegal de órganos a un paciente de nacionalidad mexicana, quien hoy se encuentra en estado crítico en la clínica San Felipe.
El anuncio lo hizo el titular del sector, Óscar Ugarte, quien detalló que el paciente, Óscar Soberón Cueto, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la mencionada clínica, donde fue llevado por el propio Garrido la tarde del jueves. Tras descubrir el porqué de su estado, los directivos de la clínica notificaron al Ministerio de Salud que Soberón había sido objeto de un trasplante irregular.
¿DÓNDE LO OPERARON?Según el doctor Juan Almeyda Alcántara, director de la Organización Nacional de Donación y Trasplante (ONDT), el paciente está en malas condiciones, pues sufre diabetes, hipertensión arterial y tiene un marcapasos. Versiones periodísticas afirman que fue operado en la clínica San Bernardo de Pueblo Libre, pero este dato no ha sido confirmado por las autoridades.
Ningún centro médico privado tiene autorización para hacer trasplantes, solo los hospitales de Essalud y del Minsa. “Es ilegal hacerlo de otro modo, más aun si ha habido alguna retribución económica de por medio, pero eso también se desconoce por el momento. Toda persona necesitada de un órgano pasa a una lista y cuando se presenta un donante, la ONDT decide el orden de prioridades”, explicó Almeyda.
Es muy poco lo que se sabe de Soberón. Almeyda dijo que la procuradora del Ministerio de Salud, Fanny Trigueiros, denunciará el caso ante la Fiscalía Penal de Turno para iniciar las indagaciones.
“El doctor Garrido habría sido quien trasplantó el riñón. Sería responsable de un trasplante ilegal, algo penado hasta con 8 años de cárcel”, señaló Ugarte.
Garrido, médico colegiado, forma parte del cuerpo médico del hospital Guillermo Almenara. Anoche no se lo pudo ubicar.
Cabe señalar que El Comercio denunció hace unas semanas que dos clínicas particulares se dedicaban a esta ilegal práctica.
ANTECEDENTESYa hay casos denunciados[13/10/2008] Se denunció al personal de Essalud Tacna por la extracción no autorizada de órganos de un fallecido, pero su director, Edilberto Salazar, desmintió la acusación.
[21/9/2009] La Organización Nacional de Donación y Trasplante (ONDT) inicia proceso administrativo a los directivos de dos clínicas particulares de Lima por implantar riñones a enfermos. El Minsa investiga si hubo lucro en estos casos.
[5/11/2009] La fiscal Luz Tecco Estrella decide investigar el presunto delito de tráfico de órganos cometido por dos prestigiosas clínicas particulares, hecho denunciado por El Comercio.
LAS CIFRAS6.000 pacientes esperan un órgano para vivir, según la Organización Nacional de Donación y Trasplante.
15% de peruanos consigna en su DNI la decisión voluntaria de donar sus órganos en caso de fallecer, según el Minsa.
Médico de Essalud en caso de trasplante ilegal
Ministerio de Salud denunció a galeno que dejó mal a mexicano tras colocarle un riñón.
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Un mes después de que un médico de Essalud fuera separado por estar involucrado en un caso de tráfico de órganos, otro hecho que evidenciaría la existencia de mafias de este tipo fue denunciado ayer por el Ministerio de Salud. ”scar Ugarte, titular del sector, dio a conocer que hubo un trasplante ilegal en una clínica clandestina de Lima. Según dijo, todo se puso al descubierto cuando el paciente intervenido llegó al borde de la muerte a la clínica San Felipe, en Jesús María, por complicaciones presentadas luego de que fuera sometido a un trasplante de riñón.MAFIA. El hombre fue identificado como ”scar Soberón Cueto, de unos 50 años y de nacionalidad mexicana. Se trataría de un millonario, dueño de empresas constructoras en todo Centroamérica, quien además padece de diabetes y de problemas en el corazón. Un exclusivo estudio de abogados habría asumido su caso.Soberón fue trasladado a la clínica por el médico Mario Garrido Toribio, quien habría dirigido la operación clandestina. El galeno (cirujano urólogo) está desaparecido y forma parte del cuerpo médico del hospital Guillermo Almenara, de Essalud. Del donante no se sabe nada. Habría recibido miles de dólares a cambio de dicha pieza vital. HAY MÁS CASOS. Lo peor es que no se trataría de un hecho aislado. Las primeras investigaciones apuntan a una red internacional que coordina estos trasplantes ilegales. “Dentro de la presunción, estas organizaciones contactarían con los pacientes, con las clínicas clandestinas y con los médicos desde el exterior”, anotó Ugarte.El ministro reveló, asimismo, que hay una serie de denuncias de este tipo que vienen siendo investigadas por el Poder Judicial. Carlos Carvallo, jefe del Programa Nacional de Trasplante de ”rganos y Tejidos de Essalud, confirmó que Garrido Toribio trabaja en el hospital Guillermo Almenara como médico cirujano urólogo. No obstante, aclaró que, actualmente, no forma parte del equipo del área de trasplante.Informó que, haces tres años, Garrido Toribio estuvo en dicha área y pudo tener práctica en esta clase de cirugías. Coincidentemente, el galeno separado hace un mes de Essalud, Christian Miranda Orrillo, labora en el mismo nosocomio. La procuradora del Ministerio de Salud, Fanny Fregueiros, informó que Garrido Toribio será denunciado por intermediación onerosa de órganos y tejidos. Según el Código Penal, podría recibir una pena de entre 4 y 8 años de cárcel. El mexicano se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La última del Congreso: legisladores pueden pasear por el mundo sin sufrir descuentos en sus sueldos

Mesa Directiva fijó dicho acuerdo en 1995. Norma beneficia a Sasieta y García Belaunde demandó cambio de reglamento.
De polémica en polémica. A la controversia generada por el donativo del presidente del Congreso, Luis Alva Castro, a la cantante Fabiola de la Cuba, ahora se conoció que existe un acuerdo de la Mesa Directiva, que rige desde 1995, según el cual los congresistas pueden solicitar licencia con goce de haber por 15 días y realizar viajes de placer por el mundo sin sufrir descuentos.
Según una nota del diario Correo, el acuerdo de Mesa Directiva 126-95 establece que “la licencia personal, por viaje personal, por cuenta del congresista, afecta a los descuentos por los días de licencia a partir del 15° día”.
La norma salió a la luz, de acuerdo a la publicación, gracias a una investigación realizada por la congresista de Alianza Parlamentaria, Rosario Sasieta, luego de que fuera acusada por un medio periodístico de realizar un paseo por varios países de Europa, cuando solicitó al Congreso una licencia con fines laborales.
“Si cualquier congresista sale de viaje por cualquier motivo, personalísimo; por ejemplo, se casó su hijo y quiere ir al matrimonio y pide licencia, los primeros 15 días, según este acuerdo, no se le descuentan”, señaló Sasieta al justificar su viaje.
LAS REACCIONESAl respecto, el legislador y colega de bancada de Sasieta, Víctor Andrés García Belaunde, demandó cambiar el polémico acuerdo, el cual fue aprobado por la directiva que presidió la fujimorista Martha Chávez.
Por su parte, el titular del Poder Legislativo, Luis Alva Castro, dijo desconocer el convenio y optó por no declarar “porque no sé de qué se trata”.
El voceo del Apra, José Vargas, consideró intrascendente que se discuta sobre el reglamento que permite a los parlamentarios viajar sin descuentos.

martes, 15 de diciembre de 2009

Defensoría detecta más irregularidades en empresa que cubre accidentes

Denuncia venta ilegal de seguros y millonaria deuda a hospitales de Lima compromete a Afocat. La SBS ya cuenta con listado actual de 41 empresas
Por: Henry López
Desde su creación en el 2006, el accionar de no pocas Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (Afocat ) se ha convertido en sinónimo de informalidad, tal y como informó este Diario en anteriores reportajes. Por ello, la Defensoría del Pueblo supervisó, en agosto y setiembre pasado, cómo opera este sistema de seguros en La Libertad, Junín y Lima, y detectó que ocho Afocat vendieron certificados de accidentes de tránsito (CAT) —equivalente al SOAT—, cuando su licencia ya había caducado.
Freddy Sagástegui, funcionario de la defensoría, confirmó que en la capital, las infractoras son las Afocat Lima Sur y Lima Provincias. Luis Mujica Mendoza, presidente de la primera, admitió que vendió certificados cuando su licencia estaba vencidas, entre julio y setiembre.
En su defensa, argumentó que, por un lado, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) —entidad que fiscaliza estas empresas— le exigía que cumpliera con abonar el fondo de garantía y, según la Ley 28880, este aporte se tiene que hacer con el dinero que se obtenga de la venta de los certificados. “La ley es contradictoria en esta parte”, señaló.
Por su parte, voceros de la Afocat Lima Provincias dijeron que dejaron de vender certificados desde que su licencia caducó, pero personas inescrupulosas habrían expedido estos seguros tomando el nombre de su compañía, hecho que ya denunciaron.
PRECISIONES DE LA SBSLa SBS dijo que las Afocat tuvieron un plazo extendido, hasta el 24 de noviembre, para regularizar su situación, y a la fecha ya se cuenta con el listado de las 41 únicas empresas que tendrán autorización para emitir los certificados de accidentes. Como se recuerda, el Ministerio de Transportes derivó a la SBS el control de las Afocat, pero se estaba a la espera del mencionado listado para supervisar si cumplen con abonar las pólizas a las víctimas de accidentes. En la lista de empresas autorizadas ya figura Afocat Lima Sur.
La defensoría también encontró que las Afocat deben 1 millón 60 mil soles a hospitales de Lima por concepto de atención a heridos de accidentes. Una de estas es Líder Seguro Afocat Lima y Callao, pero su presidente Raúl Martínez dijo que ello se debe a que los nosocomios demoran meses en pasar las facturas.
AL GRANO“Se debe acabar con la ilegalidad”¿Cómo surgió la informalidad en las Afocat?Hace dos años, de 19 Afocat solo quedaron 5 autorizadas. Luego las Afocat ilegales regresaron gracias a una norma del Congreso, y desde ahí trabajaron sin fiscalización.
¿Informalidad de qué tipo?Son varias, por ejemplo, algunas Afocat para costear la atención de los heridos solo dan un máximo de 200 soles y ponen muchos peros para darle a los familiares la póliza.
¿La solución?Una comisión, integrada por el Consejo de Seguridad Vial, la SBS, Indecopi, PNP y la fiscalía, desde enero, trabajará con el objetivo no solo de instruir a las personas sino de terminar con la ilegalidad de las malas Afocat en Lima y provincias.CARLOS VILLEGAS. ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES
ÚTILGastos médicosToda persona herida en un accidente de tránsito tiene derecho a gastos médicos por hasta 5 UIT (S/.17.750)
Quedan fuera del seguro los que sufrieron accidentes causados por competencias de velocidad, los que derivan de guerras, terremotos, los suicidios, entre otros.
La compañía de seguros paga las facturas a la clínica u hospital. Si el asegurado hizo el abono, la aseguradora se lo reembolsará.
En http://www.sbs.gob.pe/PortalSBS/ podrá conocer las Afocat legales.
http://elcomercio.pe/noticia/381715/defensoria-detecta-mas-irregularidades-empresa-que-cubre-accidentes

lunes, 14 de diciembre de 2009

El caso de las esterilizaciones se verá en los tribunales internacionales

Grupos defensores de derechos humanos anunciaron que recurrirán a la justicia internacional ante el archivamiento del caso de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
El caso se remonta a finales de los años 90, cuando más de 2 mil mujeres, en su mayoría campesinas, indígenas y quechuhablantes, fueron esterilizadas forzosamente en base a la coerción, el engaño o el ofrecimiento de regalos. Al menos, 17 mujeres fallecieron tras ser sometidas a la intervención.
Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), denunció que el fiscal superior Jorge Luis Cortez emitió la semana pasada una resolución en la que declaró archivada la demanda presentada por 2,074 víctimas.
Isabel Cedano, abogada representante de Demus, dijo que el fiscal argumentó que las esterilizaciones forzadas no constituyeron crímenes de lesa humanidad sino simples delitos comunes cometidos por los operadores de salud, y que por el tiempo transcurrido ya han prescrito.http://peru21.pe/noticia/381540/caso-esterilizaciones-se-vera-tribunales-internacionales

José Francisco Crousillat aún debe pagar reparación civil de 80 millones de soles

El indulto presidencial no lo exime del pago, recordó el ministro Aurelio Pastor. Indulto y reparación son dos temas distintos, enfatizó.
El empresario de televisión José Enrique Crousillat deberá pagar la reparación civil que le ha impuesto el Poder Judicial por sus delitos, pues el indulto presidencial que lo libera de la cárcel no lo exime de esa responsabilidad, aclaró hoy el ministro de Justicia, Aurelio Pastor.
El ministro explicó que indulto y reparación son dos temas totalmente diferentes, pues la primera solo se refiere a la libertad del condenado, y no tiene nada que ver con la reparación económica que debe al Estado.
Crousillat debe pagar una reparación civil de 80 millones de soles.
“Es un tema distinto, no creo que sea así, no estoy de acuerdo con ello, el indulto lo que hace es permitir que la persona, que está siendo detenida, pueda inmediatamente conseguir su libertad (así que) desde mi punto de vista sí (tiene que pagar la reparación)”, dijo a los periodistas. Tuvo que ser extraditado.
El patriarca de los Crousillat estuvo preso desde el 2005 por haber vendido la línea editorial de América Televisión a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (*recibía más de 600 mil dólares mensuales*). Un año antes viajó a Argentina para huir de la justicia peruana.
ASEGURA TRANSPARENCIAPastor Valdivieso defendió la legalidad del beneficio concedido al ex propietario de América Televisión, y descartó que haya existido algún tipo de privilegios en el plazo en que ha sido tramitado.
Asimismo, indicó que en lo que va de este gobierno se han concedido 2,800 gracias presidenciales, y solo en lo que va de su gestión como ministro se han otorgado 622 beneficios, entre indultos, conmutación de pena o reducción de condena.
Dijo que para llegar al caso Crousillat se han tenido que revisar 600 expedientes, y el mismo día que se publicó su indulto, se publicaron otras 80 conmutaciones de pena.
Es más, el titular de Justicia adelantó que en este mes de diciembre, con ocasión de la navidad, se otorgarán mil gracias a internos de diversos penales del país.

Alan García defiende indulto a Crousillat

Familiares niegan que recién liberado vaya a viajar al extranjero como dijo abogado
Las críticas al mandatario Alan García por el indulto concedido a José Enrique Crousillat, quien vendió la línea editorial de América TV por 619 mil dólares al mes en beneficio del régimen fujimorista, hizo que el propio García defienda su decisión asegurando que es humanitaria y que, como presidente, está en la obligación de dejar atrás los rencores.

“Cuando me traen el caso de un señor que va a cumplir 78 años y está enfermo —porque lo han sacado varias veces a la clínica— entonces yo digo: ¿qué rencor puede hacer que yo no le conceda lo que he concedido a otros 3 mil?”, dijo en alusión a la cantidad de presos que ha indultado.

Con respecto a la supuesta alianza entre el Apra y el fujimorismo, que supondría este beneficio para Crousillat, el jefe del Estado negó esta posibilidad y, por el contrario, alegó: “No le debo nada a los fujimoristas más que haber perdido 10 años de mi vida, no haber visto a mi padre muerto y haber perdido, tal vez, la posibilidad de trabajar políticamente en mi país por esos 10 años”.

García Pérez también contestó a la prensa, de la cual dijo que un gran sector estuvo al servicio de Montesinos y que ahora critican el indulto a Crousillat. “Si hay que sancionar a todos los que estuvieron en la salita de Montesinos, habría que sancionar a muchos que pasaron piola y que ahora son los primeros en andar reclamando. ¿Será que tienen miedo que este hombre hable?”, dejó la pregunta abierta.

HABLAN LOS FAMILIARES
Anoche, la familia del indultado emitió un comunicado a través del cual desmintió que aquel vaya a viajar al extranjero: “Personas ajenas a la familia han declarado irresponsablemente acerca de proyectos laborales inexistentes, declaraciones que rechazamos por falsas”, señala el comunicado.

Asimismo indicaron que la única preocupación es atender la salud del recién liberado.

ASÍ LO DIJO
El indulto es una prerrogativa que la Constitución le concede al presidente. La evaluación de los criterios técnicos para conceder esta gracia la hace una comisión técnica, que evalúa todos los requisitos que se exigen y el presidente de la República confiere este beneficio en el marco de la Constitución”.
JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

No se va: el indultado Enrique Crousillat seguirá tratamiento médico en el Perú

(Andina).- El ex empresario televisivo, José Enrique Crousillat, continuará su tratamiento médico en Lima y no tiene la intención de trabajar ni viajar al extranjero por motivos labores, aseguró su hija Marisol Crousillat.
Como se recuerda, el sábado el Gobierno indultó al ex broadcaster por razones humanitarias, lo que ha generado una serie de cuestionamientos en los sectores de oposición.
“En absoluto, no hay un plan de viaje en este momento y mucho menos un plan laboral (...) Él continuará su tratamiento en Lima, tiene su médico de cabecera que lo seguirá atendiendo”, sentenció en la radioemisora RPP.
En ese sentido, descartó que el ex broadcaster se aliste para viajar a Argentina, según habría indicado su abogado, Jorge Castro, hace unos días.
“Respecto a las declaraciones del abogado, es algo que no respaldamos. Mi papá está en mi casa, bajo mi cuidado, yo me estoy encargando de él”, anotó.
Marisol Crousillat dijo que si en un futuro se tiene que trasladar a su padre al extranjero, ello se hará por motivos médicos.
“No existe posibilidad de viaje (...) y si en algún momento por razones médicas él tiene que viajar a algún lado, porque hemos pensado en una operación muy riesgosa que puede hacerse para alargarle la vida se hará en su momento”, sentenció.
Refirió que su padre no solo lo revisó un doctor, sino juntas de médicos, que llegaron a la conclusión que debía estar en lugar en reposo y sin situaciones de estrés para evitar complicaciones a su enfermedad.

domingo, 13 de diciembre de 2009

Injustificable y vergonzoso indulto a Crousillat


El indulto al ex empresario televisivo José Enrique Crousillat es un acto sumamente injusto y vergonzoso, que lesiona no solo la administración de justicia sino también el sistema democrático, así como el saneamiento ético y moral de la nación.
¿Cómo es posible que un operador tan visible y escandaloso de la dictadura fujimontesinista, que vendió sin asco la línea editorial de un canal de televisión por varios millones de dólares que salían de las arcas del Estado, pueda ganar la libertad tan pronta y fácilmente?
Crousillat, y su hijo José Francisco, fueron procesados nada menos que por haber recibido el equivalente a 69 millones de soles de Vladimiro Montesinos. Se trata de un gravísimo delito contra la justicia que ahora, de modo absurdo y totalmente inequitativo, aparece mediatizado por la figura del indulto.
¿Cómo, entonces, se reparará el abismal daño al Estado y al sistema democrático que fue sojuzgado por un aparato de dominación, manipulación y embrutecimiento social, del cual Crousillat formaba parte? ¿Qué podrán decir las víctimas de las campañas mediáticas de demolición personal y moral, promovidas por Montesinos a través de sus canales comprados? ¿Es que no se da cuenta el Gobierno del pésimo precedente que se está sentando con un indulto tan controvertido como este, cuando todavía están bajo proceso otros prominentes miembros del clan fujimontesinista?
A propósito, debemos recordar que, si bien el indulto es una potestad presidencial, debe basarse en un informe técnico que justifique las razones, principalmente humanitarias, que lo avalen. Sin embargo, en el caso de Crousillat, no se dan de modo contundente razones de este tipo, pues estaba en una clínica por mucho tiempo, supuestamente bajo tratamiento médico, en una situación ciertamente confortable. Es más, se da el hecho sumamente crítico de que antes fugó a otro país, para evadir la acción de la justicia.
Adicionalmente, ¿cuáles son los criterios de prelación y prioridad de la Comisión Multisectorial de Indultos para calificar y proponer indultos, dado que en agosto pasado el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, declaró que tenían más de 300 expedientes sobre indultos por revisar y que llegaron “antes del pedido a favor de Crousillat”? ¿Por qué se prefirió a Crousillat antes que al resto, entre lo cuales seguramente habrá personas en total desamparo con enfermedades realmente terminales? ¿Y qué dirán las decenas de miles de presos que continúan encarcelados sin tener siquiera sentencia? ¿Qué justicia es esta que no castiga ni exige reparación?
Este trato preferencial abre las puertas a la suspicacia respecto de eventuales acuerdos y cálculos politiqueros que habrían primado en este caso y darían muy mala espina sobre el eventual tráfico y mal uso de atribuciones gubernamentales para servir a agendas y pactos políticos bajo la mesa.
El indulto, una figura benevolente, no puede ser manipulado con criterios de oportunismo político, por lo que en el caso de Crousillat debería ser revisado, a la espera de un deslinde y una explicación técnica de las autoridades involucradas.
Tras la oprobiosa década fujimontesinista, mucho sacrificio nos ha costado a los peruanos empezar a recuperar la democracia y el Estado de derecho, precisamente para que impere la justicia ciega e imparcial, sin distingos entre los allegados al régimen con tratamiento privilegiado y el resto. No podemos apartarnos de ese camino y si el Gobierno se equivoca ahora, debe rectificar o asumir las consecuencias de su grave error.
http://elcomercio.pe/impresa/notas/injustificable-vergonzoso-indulto-crousillat/20091213/380921

Ñique de la Puente fue elegido decano del Colegio de Abogados de Lima

En segunda vuelta se impuso con el 52% de los votos al ex defensor del Pueblo Jorge Santistevan de Noriega, quien obtuvo el 48%
En reñida jornada electoral, el abogado penalista y docente universitario José Antonio Ñique de la Puente fue elegido anoche decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), para el período 2010.
Al cierre de esta edición, el comité electoral aún no había proclamado al ganador, pero de manera extraoficial se informó que Ñique de la Puente obtuvo aproximadamente el 52% de los votos frente al 48,5% que logró su contendor, el constitucionalista y ex defensor del Pueblo Jorge Santistevan de Noriega. La diferencia habría sido de unos 650 votos.
Santistevan de Noriega reconoció el triunfo de Ñique de la Puente en esta segunda vuelta electoral y señaló a El Comercio que las elecciones fueron una ejemplar demostración de ejercicio democrático.
“He venido hasta el colegio [Teresa Gonzales de Fanning] para expresar mis felicitaciones al doctor Ñique de la Puente”, dijo.
En la contienda participaron unos 20 mil abogados. Según se informó fue notoria la ausencia de letrados jóvenes que, durante la primera vuelta electoral, permitieron el triunfo de Santistevan.
En aquella oportunidad, este obtuvo 10.189 votos, y Ñique de la Puente logró el respaldo de 7.386 sufragantes.
La jornada electoral se realizó sin mayores contratiempos. Se observó un gran entusiasmo entre los que participaron, al punto que la propaganda electoral no fue ajena en los alrededores del colegio Teresa Gonzales de Fanning, donde se desarrolló la votación.
MÁS DATOS
José Antonio Ñique de la Puente es doctor en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Especializado en Derecho Penal, Ñique se desempeña como docente de esa casa de estudios.

José Enrique Crousillat no pagaría S/.80 millones de reparación civil

Según su abogado, indulto presidencial deja sin efecto dicha obligación legal. Procurador dice que se ha iniciado acción judicial para hacer efectivo pago
Por Héctor Villalobos
No hay duda de que José Enrique Crousillat es un especialista en novelas. Durante más de un año el ex empresario televisivo, condenado por corrupción, permaneció internado en dos clínicas, aduciendo que su salud era delicada y que estaba en peligro de muerte. Pero al parecer el indulto presidencial que recibió por razones humanitarias tuvo virtudes sanadoras. El viernes a las 11:30 de la noche Crousillat abandonó la clínica Internacional con dirección a la casa de una de sus hijas. Ahora, el ex broadcaster se alista para viajar a Argentina y producir telenovelas.
El abogado de Crousillat, Jorge Castro, fue quien confirmó está información, en declaraciones a CPN y RPP. “Viajará a Argentina para reunirse con su familia. Va a dedicarse a la actividad que siempre ha hecho: las telenovelas y ese tipo de cosas”, señaló.
Respecto al pago de S/.80 millones de reparación civil en favor del Estado, al que fue condenado en agosto del 2006 por la Segunda Sala Penal Anticorrupción, Castro manifestó que este ha quedado sin efecto por el derecho de gracia.
“Cuando la pena se extingue el Estado deja de ejercer la acción que le corresponde. Consecuentemente, como no hay pena, no hay reparación civil”, explicó. Castro dijo que, según el Código Penal, el pago de reparación civil solo continúa vigente cuando un sentenciado es favorecido con la conmutación de la pena.
El abogado descartó que su defendido vaya a iniciar alguna acción legal para recuperar el control del canal.
PROCURADOR EXIGE PAGOConsultado al respecto, el procurador anticorrupción Pedro Gamarra indicó que el argumento del abogado Jorge Castro es erróneo, pues si bien la pena de ocho años de prisión que recibió Crousillat ha sido anulada, no lo ha sido la consecuencia del delito, que es la reparación civil.
El defensor del Estado señaló que ya se ha iniciado un proceso legal para exigir el pago de la reparación civil de S/.80 millones. Gamarra no quiso pronunciarse sobre el indulto por causas humanitarias, pues dijo que su oficina no vio ese tema.
Respecto al anunciado viaje de Crousillat y sus proyectos televisivos señaló: “Yo no soy médico, no puedo pronunciarme [sobre si una persona en ese estado de salud puede realizar estas actividades], pero ahí solo es necesario tener sentido común”.
El ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción Omar Chehade coincidió con Gamarra en que sí corresponde que Crousillat pague la reparación civil. Al comentar el indulto por razones humanitarias, Chehade explicó: “Yo hice un comentario ácido sobre este tema hace unos días, pero tras ver el informe médico [de Crousillat] y ver que su mal ha recrudecido, opino que el indulto sí corresponde”.
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, dijo que las razones humanitarias para otorgarle el indulto a Crousillat estuvieron bien sustentadas por la Comisión Técnica del Ministerio de Justicia. Aclaró que si alguien pone en tela de juicio el indulto puede revisar el informe técnico, pues este documento no es de carácter reservado.
SEPA MÁSCon derecho de gracia
El ex ministro del Interior y ex jefe de la PNP Fernando Dianderas fue indultado por razones humanitarias por el presidente Alan García en marzo del 2008.
El ex viceministro de Hacienda Alfredo Jalilie recibió el derecho de gracia del ex presidente Alejandro Toledo.
El fiscal supremo Pablo Sánchez calificó el viernes como “una mala señal en materia de lucha contra la corrupción” el indulto otorgado a José Enrique Crousillat.
El magistrado señaló que se estaría preparando el terreno para un indulto al ex presidente Alberto Fujimori.

sábado, 12 de diciembre de 2009

José Enrique Crousillat se libró de cárcel por indulto de García

Desde hacía varias semanas corría el rumor de que José Enrique Crousillat sería indultado, pero el propio presidente Alan García se apresuró en aclarar que no había nada de eso y que lo que notaba eran “intereses extraños” para que ese expediente llegara, o quizás no llegara, hasta Palacio de Gobierno. Pero, ayer, su firma estampada en una resolución suprema hizo realidad el deseo del ex empresario televisivo de salir en libertad “por razones humanitarias”.El indulto se dio –según señala el dispositivo– porque el ex accionista mayoritario de América Televisión tiene ya 77 años y padece una serie de dolencias que ponen su vida en continuo riesgo. Su diagnóstico incluye cardiopatía hipertensiva, enfermedad vascular cerebral, diabetes mellitus y el uso de un marcapasos definitivo.José Enrique Crousillat López Torres venía cumpliendo una condena de ocho años de cárcel, que le fue impuesta en diciembre de 2006, por la comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en agravio del Estado. Él y su hijo fueron grabados en la famosa 'salita de la corrupción’ del SIN recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos por el “contrato de locación” que habían suscrito para poner su canal al servicio del régimen de Alberto Fujimori y para atacar a sus detractores a través de sus programas periodísticos y del talk show Laura en América.A ambos se les acusó de haber recibido US$14 millones de manos del 'Doc’. Aunque José Enrique Crousillat trató de evadir su responsabilidad por corrupción diciendo que el dinero no se lo dieron a él, los 'vladivideos’ demuestran que, por lo menos en dos oportunidades, los fajos de billetes fueron arrumados frente a sus ojos.En 2001, cuando se difundió el primer video que los comprometía, padre e hijo huyeron a Argentina y fueron capturados por la Interpol, en noviembre de 2004, cuando intentaban continuar su fuga hacia Chile. Al año siguiente, la justicia argentina aprobó la extradición y ambos fueron traídos al Perú.Hasta el cierre de esta edición, el ex broadcaster esperaba –informó su abogado, Jorge Castro– el acta de libertad del penal San Jorge para que los médicos de la clínica privada en la que está internado hace ocho meses evalúen si se le puede dar de alta.MALA SE—AL. Conocida la noticia, el congresista Edgard Reymundo afirmó que la concesión del indulto es “preocupante” porque “pone en evidencia la poca voluntad del Gobierno en la lucha contra la corrupción”.

Dos papas calientes en la Suprema

Por: Juan Paredes Castro
Javier Villa Stein ya no tiene que lidiar con el protocolo de Estado que le rebajó de nivel en el reciente desfile militar, obligándolo, en protesta, a no lucir la medalla de su investidura durante todo el evento.
Fue tan manifiesto el cambio de su ubicación oficial, que le llovieron disculpas y rectificaciones.
Ahora el presidente de la Corte Suprema tiene entre manos dos papas calientes, que lo llevan a la difícil y compleja definición de fueros y competencias, con el correspondiente compás de espera respecto del éxito que pueda obtener o el fracaso que pueda enfrentar.
En primer lugar se encuentra con una resolución del Tribunal Constitucional que excluye de un proceso por enriquecimiento ilícito al general Walter Chacón Dávila, comandante general del Ejército durante el régimen de Alberto Fujimori. Para Villa Stein, el TC no puede intervenir sino al final de un proceso y con sentencia a la vista. Aparentemente al TC le asistirían razones constitucionales para hacerlo.
En segundo lugar debe resolver la contienda de competencia entre la jueza Antonia Saquicuray y la justicia militar respecto de quién tendría que juzgar al suboficial espía de la FAP Víctor Ariza. En este caso, Villa Stein se ha pronunciado a favor del fuero castrense y en contra de la posición de Saquicuray que considera que el espionaje de Ariza afectó la defensa nacional y que por consiguiente el delito cometido corresponde procesarse en el fuero común.
Ya es momento de que las zonas grises entre los fueros común y militar y las otras que nublan las competencias entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional sean técnica e inteligentemente zanjadas. No es que haya la necesidad de borrarlas por completo. No. Siempre van a existir. El problema es que no se descienda a puntos muertos que terminan generando recelo y desconfianza frente a una y otra jurisdicción.
A causa de las zonas grises aludidas la justicia se vuelve engorrosa y desconfiable. Y las instituciones encargadas de velar por ella, en focos de conflicto.
No podemos vivir todo el tiempo en el limbo jurídico y, peor todavía, en el limbo burocrático.

Liberación de Crousillat por orden del Gobierno despierta polémica

Presidente del Poder Judicial cree que la medida tiene un “sentido humanitario”. Ollanta Humala manifestó que hay presos que también merecen un indulto

El indulto concedido por el Gobierno al ex dueño de América Televisión, José Enrique Crosuillat (77), sentenciado a ocho años de prisión por sus vínculos con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, generó opiniones a favor y en contra entre los representantes de la clase política del país.
Por ejemplo, el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, saludó la decisión del Ministerio de Justicia, publicada hoy temprano en el diario oficial “El Peruano”.
“El indulto presidencial es una facultad prevista por el orden jurídico. me parece que tiene un sentido humanitario y eso es bienvenido”, dijo Villa Stein a los periodistas.
Sin embargo, el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, desaprobó la acción del Ejecutivo al sostener que hay “miles de peruanos” presos mejor calificados que el ex empresario para obtener el beneficio del indulto.
“Estamos viendo cómo el Gobierno entiende quién tiene la prioridad para obtener un perdón, cuando hay miles de peruanos que no han robado ni han recibido millones de dólares de Montesinos, que tienen más años que este señor (Crousillat), que están con problemas de salud y que ni siquiera tienen sentencias”, declaró Humala a Ideeleradio.
Al respecto, desde Lambayeque, la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, declaró que la liberación de Crousillat procederá siempre y cuando cancele la reparación civil.
En ese mismo sentido, el procurador anticorrupción Pedro Gamarra señaló que su despacho vigilará que Crousillat pague la reparación civil fijada por la justicia, estimada en 80 millones de soles.
Finalmente, el constitucionalista Aníbal Quiroga manifestó que el indulto es una potestad que tiene el presidente de la República, Alan García, conforme a la Constitución.
El empresario se encuentra internado en la Clínica Internacional de San Borja y cuenta con resguardo policial. Podría salir en la tarde.
http://elcomercio.pe/noticia/380223/liberacion-jose-enrique-crousillat-orden-gobierno-genera-polemica

Crousillat vendió la línea editorial de América TV por 619 mil dólares al mes

El empresario televisivo saldrá de prisión por decisión del Gobierno. Fue condenado a ocho años de cárcel por sus vínculos con Vladimiro Montesinos
José Enrique Crousillat López-Torres nació en Chiclayo hace 77 años. En la década de 1960 trabajó en Radio Programas del Perú, junto con los hermanos Delgado Parker. Luego formó una productora de telenovelas en Argentina y Miami.
En julio de 1994 compró el 25% de las acciones de América Televisión, obteniendo así el control de la emisora y convirtiéndose en presidente de directorio.
Estaba considerado un próspero empresario televisivo hasta que en el 2001 salió a la luz, gracias a un vladivideo, que había firmado un “contrato” con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para someter su empresa televisiva en favor del gobierno fujimorista. Esto por la friolera suma de 619 mil dólares mensuales. Crousillat y su hijo José Francisco, que se desempeñaba como directivo del canal, fugaron del país.
MÁS DE UN DELITOLa justicia ordenó su detención. Ambos fueron denunciados por el fiscal anticorrupción Farah Cubillas por delito contra la administración pública y tráfico de influencias. La denuncia incluía corrupción de funcionarios y peculado. En diciembre se ese año Interpol los ubicó en la ciudad argentina de Tucumán.
En abril del año siguiente el Consejo de Ministros acuerdó solicitar a ese país su extradición. Un juez de Tucumán rechazó el recurso dilatorio de Crousillat y facilitó su extradición.
Pasaron dos años sin resultados y en el 2004 los empresarios fugaron de Argentina ante la inacción de las autoridades de ese país. Pero no se salvaron del brazo de la justicia y fueron detenidos en enero del 2005 en la frontera con Chile.
José Enrique Crousillat fue internado en el hospital Ramos Mejía de Buenos Aires debido a problemas cardíacos.
En el 2006 el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundado el recurso de hábeas corpus presentado por José Enrique Crousillat contra las órdenes de captura y el proceso de extradición en Argentina iniciado por la justicia peruana. También presentó un recurso argumentando su avanzada edad.
En abril de ese año y a cinco años de haber fugado de nuestro país, la Corte Suprema argentina decidió extraditarlos al Perú para que sean juzgados por peculado, corrupción de funcionarios y asociación ilícita.
Cuatro meses después la Segunda Sala Penal Anticorrupción los condenó a ocho años de prisión y al pago de una reparación civil de 80 millones de soles. La sentencia de José Enrique Crousillat se leyó en una clínica donde se encontraba internado.
El año pasado la defensa de Crousillat padre solicitó su indultohttp://elcomercio.pe/noticia/380088/gobierno-concedio-indulto-patriarca-crousillat-razones-humanitarias para ser sometido a una operación del corazón en Inglaterra. Este se oficializó hoy. Mientras tanto su hijo sigue recluido en el penal de San Jorge.

viernes, 11 de diciembre de 2009

Se revelan más nexos de Alas Peruanas con apristas

Congresistas Calderón y Núñez viajaron a cita anual de la Internacional Socialista
Continúan las coincidencias. En junio del año pasado el rector de la Universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez, viajó con un grupo de parlamentarios apristas (Mauricio Mulder, Wilder Calderón y Édgar Núñez) a Grecia e incluso quiso participar en el XXIII Congreso de la Internacional Socialista a la cual acudían los apristas, cosa que finalmente no consiguió.
El viaje conjunto es confirmado por Calderón, en un artículo publicado en su página web: “Me acompañaron en esta travesía a la cuna de la civilización de Occidente, Mauricio Mulder, Edgardo [sic] Núñez y Fidel Ramírez, rector de la Universidad Alas Peruanas”.
Sin embargo, en conversación con El Comercio, ayer Calderón cambió de versión y dijo que la presencia de Ramírez fue solo una casualidad. “Coincidimos con Fidel Ramírez, pero él no participó en la reunión”.
Empero, el otro viajero, Núñez dejó en evidencia cuáles habían sido las pretensiones del rector de la UAP. “El señor Ramírez viajaba a España a visitar a su familia, pero al enterarse del evento mostró su interés y pretendió participar (en el Congreso de la Internacional Socialista), pero no pudo porque no era miembro de ningún partido inscrito”.
Cabe señalar que el evento, realizado entre el 30 de junio al 2 de julio del 2008 en Grecia, reunió a 700 líderes de la Internacional Socialista llegados en delegaciones de todo el mundo y que el único representante por el Perú fue el Partido Aprista.
La noticia del viaje la dio a conocer ayer la revista “Caretas” aunque sin proporcionar los nombres de quiénes viajaron. Sin embargo, en la página web del congresista Calderón figura la relación de los participantes peruanos en la cita.
CÓMO SE FINANCIÓAl ser consultados sobre si el viaje fue financiado por la Universidad Alas Peruanas, Calderón y Núñez lo negaron, pero admitieron haber hecho uso de la agencia UAP.
“Mauricio Mulder pagó su pasaje con su propio dinero. Yo pagué mi pasaje a través de la agencia UAP”, explicó Calderón.
Por su parte, el congresista Núñez dijo que pagó el viaje con su propio dinero. “Siempre que viajo al extranjero y dentro del Perú, hago uso de la agencia de viajes UAP porque a mí me descuentan en planilla”.
Apristas dan paso al costadoLos parlamentarios apristas Wilder Calderón y Édgar Núñez pusieron sus cargos en la Comisión de Educación del Congreso a disposición de su bancada.
Calderón explicó que esta decisión se debió a las últimas informaciones periodísticas que indicaban que su presencia en la comisión podría significar un conflicto de intereses.
En tanto, el vocero aprista, José Vargas, anunció que su bancada había aceptado el retiro de los compañeros y aseguró que esta decisión no deslizaba ningún tipo de responsabilidad legal en el Caso Alas Peruanas.
Cabe recordar que en noviembre, la Célula Parlamentaria Aprista había acordado respaldar la continuidad de ambos congresistas en la comisión.

¡Congresistas no pueden dar leyes con nombre propio!

Nuevamente, se ha desempolvado en el Congreso una iniciativa que no solo atenta contra el orden constitucional sino que es intrínsecamente antiética: un controvertido proyecto para que los parlamentarios puedan postular a cargos municipales y regionales, a través de una licencia especialmente direccionada que les permitiría volver a sus escaños en caso sean derrotados en el proceso electoral.
Esta estratagema representaría el colmo del cinismo, en el que no hay pierde… para los mismos congresistas. Es decir, contra todo principio ético y constitucional, los encargados de elaborar las leyes se unen para dar una dirigida a beneficiarlos directamente, incluso saltándose a la garrocha los procedimientos legales
Así, se pretendería aprobar esta “licencia especial” mediante una modificación del reglamento congresal y de las leyes orgánicas de elecciones municipales y regionales (para lo cual se necesitarían 60 votos), cuando lo propio y estrictamente necesario sería plantear una reforma constitucional que exige 80 votos y dos legislaturas consecutivas, y sin efecto retroactivo.
Efectivamente, son preceptos constitucionales los que establecen, entre otras cosas, que “el mandato legislativo es irrenunciable” (artículo 95) y que “la función de los congresistas es de tiempo completo… es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de ministro de Estado”.
Los congresistas fueron elegidos en un marco legal que ellos conocían y deben respetar. La ley es dura pero es le ley, y eso aplica primariamente a quienes aprueban las leyes, que no pueden forzarlas simplemente cuando les conviene y pasando por encima del mandato de quienes los eligieron por cinco años.
Eso sería una escandalosa perversión que, a más de denotar un desprecio por la función congresal, merecería la intervención del organismo encargado de control constitucional y restaría aun más la autoridad moral de este poder del Estado tan desprestigiado por los continuos traspiés de algunos de sus miembros.
Aparte de estas consideraciones legales, de obligatorio cumplimiento, hay otras de rango ético que deberían motivar un debate posterior si queremos dar más coherencia y consolidar el sistema democrático:
¿Por qué un congresista sí puede ser ministro de Estado y no optar por otros cargos? ¿Por qué sigue existiendo la reelección indefinida para parlamentarios, alcaldes y presidentes regionales, habida cuenta de los graves riesgos que entraña esta figura reeleccionista? ¿Y por qué un congresista no puede renunciar en tanto que los otros cargos por elección popular sí aceptan licencias, etc.? Finalmente, subsiste el asunto de la revocatoria, que no solo debe aplicarse a alcaldes y gobernadores regionales, sino también a los congresistas.
En suma, son cuestiones de suma importancia que tendrían que ser vistas en el foro adecuado y en el momento oportuno, con un enfoque totalmente técnico e imparcial, que es lo que no parece existir hoy cuando los congresistas parecen ser juez y parte al insistir en el mencionado proyecto de “licencias especiales”.

El Gobierno concedió indulto al empresario de TV José Enrique Crousillat por razones humanitarias

Recibió el beneficio por problemas de salud y avanzada edad. Está preso desde el 2005 por vender la línea editorial de su canal a Fujimori y Montesinos.
El Gobierno concedió un indulto al ex empresario de América Televisión, José Enrique Crousillat López Torres (77), por razones humanitarias, según una resolución publicada hoy en el diario oficial El Peruano.
La norma, del Ministerio de Justicia, se encuentra rubricada por el presidente Alan García y el titular del sector, Aurelio Pastor.
En los considerandos de la resolución, se explicó que el indulto fue concedido por los problemas físicos que padece Crousillat que, al estar en prisión, “puede colocar en grave riesgo su vida” por su avanzada edad.
“Se trata de un adulto mayor que sufre de cardiopatía hipertensiva moderada, enfermedad vascular cerebral, fibrilación auricular crónica, obesidad, síndrome ansioso depresivo”, refirió el dispositivo.
En ese aspecto, se indicó que, tras ser sometido a una evaluación, la junta médica penitenciaria estableció que “el solicitante requiere de rehabilitación de carácter permanente e indefinida”.
Crousillat López Torres fue condenado a ocho años de prisión por vender la línea editorial de su canal a favor del gobierno de Alberto Fujimori. Purgaba prisión en el Penal para Reos Primarios, ex San Jorge, ubicado en el Cercado de Lima.

jueves, 10 de diciembre de 2009

Una más de Alas Peruanas: congresistas apristas fueron a Grecia con el rector y con todo pagado

Según revista Caretas, el conocimiento de dicho viaje enfadó al presidente Alan García, por lo que exigió un deslinde con la cuestionada casa de estudios.
Los vínculos de las Alas Peruanas con el Apra no terminan. Al conocido nexo laboral de los congresistas oficialistas Edgar Nuñez, Wilder Calderón, Aurelio Pastor e Hilda Guevara, con la cuestionada casa de estudios, así como el financiamiento de un viaje a Finlandia, hoy se conoció otro dato comprometedor.
Según la revista Caretas, un grupo de congresistas oficialistas, no identificados, viajó en julio a Grecia para participar en el XXIII Congreso de la Internacional Socialista, a la cual el Apra pertenece.
El hecho no tendría nada de raro si no fuera porque el periplo fue financiado por Alas Peruanas. Es más, los legisladores viajaron en compañía del rector Fidel Ramírez Prado.
De acuerdo a la publicación, “el último dato le supo a sebo” al presidente Alan García.
“Desde Palacio trascendió que el presidente Alan García echa humo por las investigaciones que, en distinto grado, tienen con la cuestionada casa de estudios los miembros de la bancada aprista”, refirió el semanario.
Elcomercio.pe intentó comunicarse con dirigentes del Apra para conocer más detalles sobre el viaje a Grecia, pero ninguno respondió hasta el cierre de esta nota.
Por la mañana, en TV Perú, el ex primer ministro y parlamentario Jorge del Castillo, demandó a Nuñez y al jefe de Cofopri – Ica, Eddy García Mendoza, a “no ventilar sus diferencias personales de veinte años atrás”. Ambos intercambiaron acusaciones sobre un presunto tráfico de influencias.
“Esta no es una diferencia doctrinaria, ideológica ni nada que se le parezca”, acotó.
http://elcomercio.pe/noticia/379711/mas-alas-peruanas-congresistas-apristas-fueron-grecia-rector-todo-pagado

miércoles, 9 de diciembre de 2009

Ordenan reincorporar a alumno PNP por supuesta homosexualidad

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la reincorporación de un estudiante de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional de Puente Piedra, quien había sido separado de la institución por supuestos actos de homosexualidad.

Según el fallo, al alumno identificado con iniciales C.F.A.D. se le violentó su derecho a la defensa durante el procedimiento administrativo disciplinario que se le siguió, pues no se le permitió presentar testigos ni ofrecer pruebas de descargo.

“Además, de los actuados se desprende que el demandante no fue informado debidamente que su defensa podía ser asumida por él o que tenía derecho a elegir libremente un abogado defensor”, precisa el TC.

Agrega que, de acuerdo al parte policial, se reconoce que no se cuenta con pruebas contundentes que den solidez a la denuncia, y que sólo se basa en testimonios de terceros que constituyen indicios que no son posteriormente corroborados.

“Más bien en el proceso administrativo que se sigue contra C.F.A.D. se constata la intención de separarlo de la PNP por su supuesta condición de homosexual”, señala el TC, que concluye que ni el test psicológico ni el examen médico constituyen pruebas idóneas para demostrar la supuesta condición de homosexual de una persona.

http://peru21.pe/noticia/379458/ordenan-reposicion-alumno-separado-pnp-supuesta-homosexualidad

La Defensoría del Pueblo reportó 284 conflictos sociales en noviembre

El informe dio cuenta que disminuyeron dos casos. Igual las protestas tienen una tendencia ascendente en el mandato de García
La Defensoría del Pueblo registró 284 conflictos sociales en noviembre, la mayoría de naturaleza socioambiental, lo que representa una disminunción de dos casos con respecto al mes anterior .
A través de su informe mensual , la institución informó que del total de conflictos totales, 222 se encuentran activos (78%) y 62 en estado latente (22%).
En ese aspecto, los conflictos socioambientales ocupan el primer lugar con 46% (129 casos), seguido de los conflictos por asuntos de gobierno local con 16% (44 casos), y los conflictos laborales con 11% (31 casos), entre otros.
Según el informe de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, estos conflictos mantienen una tendencia ascendente desde el mes de noviembre del 2008. Así las cosas, en noviembre del año pasado se registraron 196 protestas, frente a las 284 actuales. Las manifestaciones se han duplicado desde el inicio del mandato de Alan García, según los reportes de la Defensoría.
http://elcomercio.pe/noticia/379423/defensoria-pueblo-reporto-284-conflictos-sociales-noviembre

Por escándalo de Alas Peruanas el Ejecutivo plantea suspender la creación de nuevas universidades

Proyecto que busca mejorar la calidad de la enseñanza también contempla que los centros ya existentes sean sometidos a evaluación
No más universidades de dudosa categoría. Hoy el Consejo de Ministros elaboró un proyecto de ley para suspender la autorización de nuevas universidades en el país. Esto con la finalidad de ponerle un freno a la proliferación de seudos centros de estudios que no garantizan una adecuada calidad de la enseñanza que imparten.
Según la iniciativa, esta suspensión permitirá que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación realice un proceso de evaluación a las universidades ya existentes.
El anuncio lo hizo el jefe del Gabinete Ministerial, Javier Velásquez Quequén, quien explicó que la propuesta, que será enviada al Congreso, propone también que el proceso de acreditación a las universidades sea permanente y se efectúe cada cinco u ocho años.
Asimismo, se plantea revisar la metodología empleada para los estudios a distancia.
CORTAN ALASEl premier también mencionó que en 1985 existían 45 universidades, entre nacionales y privadas, y hoy suman 98, lo cual supera a las existentes en Chile, Colombia y España.
Cabe recordar que esta proliferación de centros de estudios superior se dio durante el gobierno de Alberto Fujimori bajo pretexto de promover la inversión privada.
“El objetivo fundamental es mejorar la calidad de la educación que se ofrece en las universidades y eso pasa porque el Consejo Nacional de Acreditación asuma su nivel de responsabilidad, además, la oferta educativa debe estar en función de los requerimientos del mercado laboral”, manifestó el primer ministro.
La medida se da luego de los recientes cuestionamientos a la universidad Alas Peruanas por haber solventado viajes a magistrados del Poder Judicial y a congresistas. No solo eso. Su rector, Fidel Ramírez, se asoció con algunos congresistas apristas para constituir empresas y hasta el día de hoy lo esperan en la Comisión de Educación del Parlamento para esclarecer estos vínculos.

Disciplina partidaria vs. tráfico de influencias

El secretario general y la presidenta de la Dirección Política del Apra, Mauricio Mulder y Mercedes Cabanillas, han hecho un severo llamado a sus colegas de partido para que no ventilen públicamente sus discrepancias y resuelvan sus “conflictos internos” dentro del partido.
Se trata de una invocación conocida que se aplica a diferentes situaciones y entornos, esta vez dirigida al congresista oficialista Édgar Núñez y al titular de Cofopri-Ica, Eddy García.
El asunto no tendría mayor relevancia salvo porque, en el caso bajo comentario, hay elementos que rebasan la estructura partidaria para irrumpir grave y peligrosamente en el aparato estatal. Aquí no se trata, pues, de trapos sucios que deben lavarse en casa, sino de hechos presuntamente corruptos y delictivos que deben ser investigados y denunciados por el Ministerio Público.
No hay que confundir. Una cosa es la disciplina partidaria, siempre que responda a criterios de orden y ética para zanjar diferencias de percepción, estrategia u objetivos partidarios; y otra diametralmente distinta son actos de posible tráfico de influencias, clientelismo y aprovechamiento de recursos estatales, que no son del partido de gobierno, sino de todos los peruanos.
Sobre esto no puede tenderse un manto de secretismo e impunidad con el pretexto de la malentendida disciplina partidaria.
En lo primero se llama al orden y se aplica el reglamento interno. En lo segundo se tornan urgentes y absolutamente necesarias la aplicación de la ley nacional y la intervención de las entidades fiscalizadoras, contraloras y judiciales, pues está de por medio el interés público. El Estado, y eso lo saben congresistas y funcionarios, está para servir a los ciudadanos y no para servirse de él.
A propósito de los partidos, debemos aclarar que habitualmente no nos inmiscuimos en sus cuestiones internas, salvo cuando haya relevancia pública; y luego que el problema del tráfico de influencias no es privativo del Apra, sino que también se da en otros partidos, lo cual que hemos criticado.
Yendo al fondo del asunto, se trata de temas muy graves: El jefe de Cofopri-Ica ha acusado a Núñez de usar el nombre del presidente Alan García para favorecer a un empresario de transportes en un litigio por un terreno. Núñez, por su parte, afirma que el titular de Cofopri-Ica trafica tierras en la región.
Eso no es todo. En este caso se ha mencionado también a la controvertida Universidad Alas Peruanas, de la cual Núñez es vicerrector de la filial Ica, lo que acrecienta las sospechas de tráficos de influencias.
Por lo pronto, el legislador Víctor Andrés García Belaunde ha solicitado que Núñez sea investigado por la Comisión de Ética Parlamentaria y el Partido Aprista. Pero las cosas no pueden quedar allí. La contraloría debe intervenir para evaluar la gestión del Cofopri y el presunto tráfico de terrenos, en tanto que el Congreso, la fiscalía y el Poder Judicial no pueden eludir su responsabilidad de investigar objetivamente cualquier atisbo de corrupción, así como la eventual telaraña de tráfico de influencias que permite que una universidad funcione con una acción de amparo emitida en tiempos de copamiento judicial del montesinismo.
En cuanto al aprismo, como partido, lo que sus máximos dirigentes tendrían que hacer es un deslinde claro y firme contra la corrupción para permitir que se aclaren estos y otros presuntos actos presuntamente delictivos. La expresión de dicha voluntad se verá a la hora de votar en el Congreso para formar comisiones investigadoras, inhibirse (los parlamentarios involucrados) de integrar las mismas y, finalmente, votar por severas sanciones en caso necesario.

martes, 8 de diciembre de 2009

La Corte Interamericana exigió al Estado cumplir con deudos de La Cantuta

San José (AP/elcomercio.pe) . La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) mantiene abierto el caso La Cantuta, según una resolución del tribunal publicada el 20 de noviembre y divulgada esta semana en la página web de la institución , con sede en San José.
En ese sentido, los jueces requirieron al Estado peruano adoptar “todas las medidas necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes… que fueron ordenados por el tribunal en la sentencia del 29 de noviembre de 2006”.
Para eso, dieron plazo al 1 de marzo del próximo año para que las autoridades peruanas informen sobre el avance en este caso, que remite al secuestro y asesinato en julio de 1992 de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, uno de los casos por los que fue enjuiciado el ex presidente Alberto Fujimori.
“Este tribunal observa que a tres años de notificada la sentencia, sólo se ha hecho efectivo el pago por concepto de daño material a favor de algunas víctimas, mas no se ha hecho mención alguna sobre el avance de las gestiones tendientes a realizar el pago por concepto de daño material a favor de otras víctimas, del pago por concepto de daño inmaterial y del pago en concepto de costas y gastos”, destacó el fallo.

Pensión de jubilación conyugal

Abanto Revilla, César: “La pensión de jubilación conyugal”, publicado en Diario El Peruano, el 4 de diciembre de 2009; publicado en Agenda Magna, el día siguiente.
César Abanto Revilla
AbogadoProfesor de Derecho de la Seguridad Social. Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo
Por reconsideración o insistencia del Congreso de la República, en noviembre último se publicó la Ley Nº 29451 que crea un régimen especial de jubilación para la sociedad conyugal y las uniones en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP). A nuestro parecer, su otorgamiento no solo conllevará a una serie de problemas de índole práctico, sino que está reconociendo (validando algunos fallos aislados del Tribunal Constitucional) el acceso a pensión de viudez para los integrantes de las uniones de hecho.
La citada norma incorpora al Decreto Ley N° 19990 (como artículo 84-A) una prestación dineraria que será reconocida a las sociedades conyugales o uniones de hecho, con más de 10 años de relación conyugal o convivencia permanente (reconocida judicialmente), cuyos miembros (ambos) sean mayores de 65 años de edad, no reciban pensión jubilatoria alguna y acrediten aportaciones conjuntas (sumadas) por un periodo no menor a 20 años.
El monto de esta prestación no podrá ser menor a la pensión mínima del SNP (S/. 415); el ingreso referencial (base para el cálculo de la pensión) se obtendrá del cálculo de las remuneraciones de ambos cónyuges o miembros de la unión de hecho; y ambos (a la vez, al tratarse de un bien social) percibirán la pensión: se entiende que será un solo pago o boleta que podría ser cobrada por cualquiera de ellos (el Reglamento nos lo aclarará).
Como ha venido ocurriendo en los últimos años, el mayor problema operativo se mantendrá en la acreditación documentaria de las aportaciones, pues es de conocimiento público que a nivel nacional se ha producido un incremento alarmante de los casos de falsificación de las boletas de pago de remuneraciones, certificados de trabajo, libros de planillas y los demás documentos reconocidos para que proceda su acreditación judicial (Exp. N° 04762-2007-PA/TC). En tal sentido, a menos que uno o ambos cónyuges o miembros de la unión de hecho cuenten con resolución administrativa de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) reconociéndoles determinada cantidad de aportaciones (por ejemplo: 12 años a uno y 8 ó más años al otro) deberá seguirse el proceso regular de calificación para que se coteje la veracidad de los años declarados por cada asegurado, confrontando estos años laborados con la documentación obrante en poder de cada uno de los empleadores.

Comisión recomienda abrir proceso disciplinario a jueces por Alas Peruanas

El pleno no pudo votar ayer, recién ratificaría el pedido el 10 de diciembre. Grupo que investigó a vocales cree que merecen algún tipo de sanción
Por: Mario Mejía Huaraca
La suerte de los vocales supremos Francisco Távara Córdova y Jorge Solís Espinoza prácticamente ya está echada. La comisión permanente de procesos disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura, que los investiga por su viaje a París pagado por la Universidad Alas Peruanas, acordó ayer, por unanimidad, recomendar al pleno del CNM que disponga abrirles un proceso disciplinario.
Justamente ayer hubo un pleno extraordinario para ver este caso, pero el informe final de la comisión de procesos disciplinarios no pudo someterse a votación, pues uno de los consejeros solicitó un par de días para estudiar mejor las conclusiones. La importante decisión quedó postergada hasta el jueves 10 de diciembre.
TENDENCIA DE LA MAYORÍAEn esa fecha se efectuará la votación definitiva. Algunas fuentes consultadas indicaron que la mayoría del pleno se inclinaría por ordenar la apertura de un proceso disciplinario a los jueces Távara y Solís, tal como lo ha recomendado la comisión. La otra posibilidad, bastante remota, por cierto, sería que el pleno dispusiera el archivo de la investigación.
La comisión que ha indagado el caso está integrada por los consejeros Efraín Anaya Cárdenas, Máximo Cárdenas Díaz y Aníbal Torres Vásquez. En la reunión del pleno se sumarán a ellos los magistrados Carlos Mansilla Gardella, presidente del CNM, quien actualmente está de vacaciones, pero irá a votar, y Edmundo Peláez Bardales, quien sería el que pidió la postergación de la votación.
MIEMBROS INHIBIDOSEn esta reunión del pleno del CNM no participarán los consejeros Francisco Delgado de la Flor y Edwin Vegas Gallo , quienes, como se recuerda, decidieron inhibirse de tomar parte en esta decisión por decoro. Ellos fueron profesores de la Universidad Alas Peruanas y también recibieron el grado honoris causa de esa casa de estudios, justamente se apartaron para evitar cualquier tipo de suspicacia.
La peor sanción sería la destituciónSi, como parece estar cantado, el pleno del CNM finalmente acuerda abrir proceso disciplinario a dos magistrados supremos, habrá una indagación más profunda que la actual investigación preliminar.
Francisco Távara y Jorge Solís tendrían que volver a sustentar sus descargos. La Comisión de Procesos Disciplinarios los someterá a un interrogatorio minucioso. Igualmente, llamarían a nuevos testigos y se actuarían más pruebas.
Terminada la nueva investigación, en el peor de los casos para los jueces, el pleno del CNM podría disponer su destitución, pero si considera que solo cabe una sanción menor, el caso sería remitido al Consejo Ejecutivo de la Corte Suprema para que este órgano dicte la pena correspondiente a los dos jueces.
CRONOLOGÍA[18 de octubre]Távara y Solís viajan a Francia por invitación de la Universidad Alas Peruanas para un homenaje a César Vallejo.
[9 de noviembre]El CNM abre una indagación preliminar a los jueces denunciados.
[11 de noviembre]La indagación se convierte en investigación preliminar.
[4 de diciembre]Távara y Solís declaran ante el CNM que todo fue transparente y que no cometieron ninguna falta.

domingo, 6 de diciembre de 2009

Se declaran perseguidos de Villa Stein

Jueces supremos. Francisco Távara y Jorge Solís ante el Consejo nacional de la magistratura. Magistrados sostienen que los quieren expectorar del Poder Judicial y que nunca vieron casos de la Universidad Alas Peruanas.Ana Véliz.Los jueces supremos Francisco Távara y Jorge Solís afirmaron ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que viajaron a París sin esconderse, que no hicieron nada ilegal y, por el contrario, son víctimas de una persecución implacable del presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein.Ambos magistrados dieron sus descargos ante los miembros del Comité Disciplinario, dentro de la investigación preliminar abierta por viajar a Francia con los gastos pagados por la Universidad Alas Peruanas a dar una ponencia sobre la Justicia de Paz y el poeta César Vallejo. El juez Solís indicó que nunca ha visto alguna causa de dicha universidad y agregó que ahora como miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial su labor es meramente administrativa hasta el 2011, por lo que a futuro tampoco verá procesos.Afirmó que no hay nada irregular en su viaje, pues como encargado de los Jueces de Paz se le encomendó una ponencia de este tema en París indicando que Vallejo también fue juez de Paz por un año.“No existe nada irregular, ni siquiera un reproche ético. Todo fue hecho a la luz del día”, expresó el magistrado, quien pidió se archive la investigación. Celada de Villa SteinPor su parte, Távara insistió que no hubo nada oculto, que Villa Stein sabía quién los invitaba, por cuántos días y les dio el permiso luego de una entrevista con él. Távara denunció que fue víctima de una celada del presidente del PJ, porque a su regreso lo mandó a una incineración de droga en Diroes a las 6 de la mañana cuando no es usual que un vocal supremo asista a este tipo de actos. El objetivo - señaló- era que los periodistas le preguntaran acerca del viaje, cuando él no estaba enterado de lo publicado en los diarios. “No sabía nada del asunto, recién me enteré después por La República”, indicó. Además, aseveró que el presidente del Poder Judicial lo mantuvo en Diroes para manipular a la Sala Plena a la que convocó sin su presencia, “pero los jueces supremos no se dejaron sorprender y evitaron que Villa Stein cumpla su propósito de expulsarlo de la Corte Suprema”.Mencionó que además de quitarle la presidencia de la Sala Civil Suprema Permanente ( en la que se mantiene como miembro) ahora Villa Stein manda gente de seguridad a su domicilio para conocer los movimientos no solo de él, sino de todos los miembros de su familia. “Esta persecución implacable no se la deseo ni a mi peor enemigo”, denunció. Al voto para la próxima semanaLa Comisión de Procesos disciplinarios dejó al voto el caso. La próxima semana debe decidir si piden al Pleno del CNM que se les inicie proceso de destitución o archivan el caso.Francisco Távara y Jorge Solís presentaron comprobantes de pago que demuestran que los gastos de sus esposas, quienes viajaron con ellos a Francia , fueron solventados con su propio peculio.Desde el momento en que se reveló el caso, el presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein defendió la transparencia de su gestión y dejó en claro que en su presidencia no se practicaba el “otoronguismo”. “No me temblará la mano para aclarar las cosas, y quedan notificados todos los jueces de todos los niveles del PJ”, sentenció aquella vez.

¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio?

Por Augusto Álvarez Rodrich
El intríngulis del modelo de negocio tipo Alas Peruanas.
Escuchar al congresista José Vargas responder ayer sobre el viaje con su esposa que, con otros apristas, realizó a Finlandia, con cara de ‘¿y qué hay de malo?’, refuerza la sensación de que el problema ético en la política peruana es más profundo de lo que usualmente se cree.
Mejor hubiera sido una autocrítica del tipo ‘lamento haber cedido a la tentación de un viaje que no podría pagar, reconozco el error, no he asumido ningún compromiso con Alas Peruanas, estoy dispuesto a que se verifique mi desempeño pasado y futuro en relación con cualquier decisión que beneficie o perjudique al que me pagó el viaje, y de ahora en adelante me comprometo a ser mucho más cuidadoso con estas invitaciones’.
En cambio, la respuesta ofrecida implica frescura del tipo ‘a estas alturas a mí ya no me importa nada’, o –peor aún– desconocimiento del problema ético que enfrenta el país por la infiltración –en extensión todavía desconocida– de una universidad con un extraño y sinuoso modo de relacionarse.
El Padrino de Mario Puzo establecía relaciones con sus ahijados en las que ofrecía favores sin solicitar una retribución inmediata pero, si alguna vez esto era requerida, había obligación de acatar o, de lo contrario, usted ya se sabe lo que pasaba.
Que algo extraño podría estar pasando con la UAP lo ha revelado, casi sin proponérselo, la congresista Martha Hildebrandt, quien ayer comentó en RPP que, a pesar de que su rector Fidel Ramírez le ha tirado arroz tres veces a la Comisión de Educación, no asistiendo a las citaciones, es difícil hacer algo porque parece que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa.
Es obvio que es difícil hacerlo con alguien tan generoso con tanta gente, incluyendo congresistas, jueces, ministros, periodistas, Palacio de Gobierno y, en fin, solo Dios sabe con cuántos, lo que podría explicar por qué puede funcionar con permisos temporales, sin supervisión y desairar al Parlamento.
Esto no parece una novedad, sino un modelo de negocio ya conocido en el país. Véanse, por ejemplo, las fotos recién difundidas por IDLradio, en las que el ex rector de la Universidad San Martín de Porres y hoy ministro de Educación José Antonio Chang aparece firmando convenios con varios mandos militares, autoridades e integrantes de la judicatura de los años noventa que hoy están procesados por corrupción.
Quizá sería interesante que IPAE convoque al CADE 2010 a algunos de estos amautas a una mesa redonda denominada ‘¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto?’ para que nos ofrezcan su testimonio valioso, con carácter de confesión sincera, sobre cómo se hace empresa y universidad en el Perú del siglo XXI.