Por Unidad de Investigación de El Comercio
Todo parece indicar que durante los últimos años algunos ministros del Interior no prestan suficiente atención a los informes de sus órganos de inteligencia cuando estos les sugieren intervenir a tiempo antes de que los conflictos sociales se vuelvan inmanejables. Lo ocurrido el pasado fin de semana en Bagua es una muestra de ello, aun cuando la ministra aprista Mercedes Cabanillas afirme que nunca tuvo en su poder informe policial alguno que le hubiera sugerido intervenir, de forma anticipada, para evitar la tragedia que desembocó en la muerte de 23 policías y 9 civiles.
Este caso, sin embargo, parece no ser el primero de su tipo. En diciembre del 2004, cuando los informes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) ya advertían sobre los movimientos iniciales de los reservistas etnocaceristas de Antauro Humala en Andahuaylas, el despacho del entonces ministro del Interior Javier Reátegui hizo oídos sordos hasta que fue demasiado tarde. Días después, el 1 de enero del 2005, las huestes de ese personaje tomaron la comisaría de esa ciudad y secuestraron a los agentes que estaban allí. La toma del local causó el enfrentamiento entre la policía y unos 160 etnocaceristas y concluyó con la muerte de cuatro agentes y con la salida de Reátegui, quien debió renunciar al Gabinete toledista pocos días después de lo que se llamó el “andahuaylazo”.
Años atrás, en junio del 2002, otro ministro del régimen toledista, Fernando Rospigliosi, debió dejar su cargo luego de ser censurado por la presión del Partido Aprista. En ese entonces, la zona sur del país estalló tras el intento de la privatización de las empresas Egasa y Egesur. El hecho, conocido como el “arequipazo”, cobró la vida de una persona y la renuncia de Rospigliosi. Sin embargo, los peores hechos de este tipo, indiferencia ante la información de inteligencia, ocurrieron en la gestión aprista de Luis Alva Castro como ministro del Interior, quien tuvo como jefe de la Digimin al general Jorge Cárdenas.En junio del 2008, por ejemplo, más de 60 policías —al mando del general PNP Alberto Jordán, jefe de la Undécima Región Territorial Policial— fueron humillados y tomados de rehenes por centenares de manifestantes que protestaban en Moquegua por la repartición del canon minero. Ante esta situación, Luis Alva Castro brindó las explicaciones del “moqueguazo” en el Congreso y salió bien librado, a pesar de que él y su director general Octavio Salazar hicieron caso omiso de los informes de inteligencia que aseguraban la superioridad de los integrantes del Frente de Defensa de Moquegua.
“KENNEDY FUE ASESINADO”
Lo mismo sucedió en enero de este año, pero con el ministro Remigio Hernani durante el desafortunado desalojo de los invasores del Santuario Histórico de Pomac.En esta acción fueron abatidos dos policías. Los informes de inteligencia advertían que se debía infiltrar a los revoltosos antes de intervenirlos, pues estos se encontraban fuertemente armados, pero la operación se realizó sin la planificación adecuada. Ante las muertes, Hernani lanzó una frase lamentable: “El presidente Kennedy, de EE.UU., con toda la inteligencia, con todos sus superagentes, fue asesinado”.Este caso, sin embargo, parece no ser el primero de su tipo. En diciembre del 2004, cuando los informes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) ya advertían sobre los movimientos iniciales de los reservistas etnocaceristas de Antauro Humala en Andahuaylas, el despacho del entonces ministro del Interior Javier Reátegui hizo oídos sordos hasta que fue demasiado tarde. Días después, el 1 de enero del 2005, las huestes de ese personaje tomaron la comisaría de esa ciudad y secuestraron a los agentes que estaban allí. La toma del local causó el enfrentamiento entre la policía y unos 160 etnocaceristas y concluyó con la muerte de cuatro agentes y con la salida de Reátegui, quien debió renunciar al Gabinete toledista pocos días después de lo que se llamó el “andahuaylazo”.
Años atrás, en junio del 2002, otro ministro del régimen toledista, Fernando Rospigliosi, debió dejar su cargo luego de ser censurado por la presión del Partido Aprista. En ese entonces, la zona sur del país estalló tras el intento de la privatización de las empresas Egasa y Egesur. El hecho, conocido como el “arequipazo”, cobró la vida de una persona y la renuncia de Rospigliosi. Sin embargo, los peores hechos de este tipo, indiferencia ante la información de inteligencia, ocurrieron en la gestión aprista de Luis Alva Castro como ministro del Interior, quien tuvo como jefe de la Digimin al general Jorge Cárdenas.En junio del 2008, por ejemplo, más de 60 policías —al mando del general PNP Alberto Jordán, jefe de la Undécima Región Territorial Policial— fueron humillados y tomados de rehenes por centenares de manifestantes que protestaban en Moquegua por la repartición del canon minero. Ante esta situación, Luis Alva Castro brindó las explicaciones del “moqueguazo” en el Congreso y salió bien librado, a pesar de que él y su director general Octavio Salazar hicieron caso omiso de los informes de inteligencia que aseguraban la superioridad de los integrantes del Frente de Defensa de Moquegua.
“KENNEDY FUE ASESINADO”
LAS CIFRAS
1 Persona muerta dejó el llamado “arequipazo”.
4 Policías fueron abatidos durante la asonada de Antauro Humala en Andahuaylas.
2 Fallecidos dejó el desalojo de los invasores de Pomac.
23 Policías y 9 civiles fallecieron en los sucesos de Bagua
Fuente: El Comercio del 09.06.09

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