Por: Mariella Balbi
El “affaire” de los petroaudios resultó siendo “pecata minuta” al lado del Caso Business Track. El primero se trajo abajo a un gabinete, generó una fuerte crisis política y —lo peor— envolvió al Gobierno en un manto de sospecha, evidenciando que la corrupción era más fuerte de lo que creíamos y que había montado una red de funcionarios y políticos poco santa. A pesar de todo ello, lo de Business Track es un terremoto de grado mayor. Al inicio involucró a la Marina —aún no se despeja del todo la vinculación— y enfrentó al Poder Judicial con la fiscalía y a ambos con la población, que tiene dudas sobre la necesaria imparcialidad de fuero judicial. Hace poco generó la renuncia del ex ministro de Vivienda; a raíz de ello también se conoció que el abogado Alberto Quimper, el del faenón, tenía diálogos inelegantes —por decir lo menos— con importantes magistrados de la Corte Suprema y la Superior.
La sangre llegó al río del Parlamento y ahora conocemos que el “chuponeo” de Business Track registra conversaciones de congresistas y ¡diálogos de todo tipo en la presidencia del Congreso! Los involucrados, jueces y parlamentarios, reclaman inocencia plena, aunque la magnitud de este criollo espionaje es tan grande que muchos desean que la olla se destape. Es necesario hacer un inventario de qué era Business Track, sus conexiones, qué instituciones perforó, la lista de todos los “chuponeados”, los contratantes del servicio, el dinero que movió (era un negocio redondo que debe haber creado varias fortunas). Quién es quién en este peliagudo asunto. También sería reconfortante saber que no hay más Business Track en el mercado.
Probablemente tendremos un debate sobre si los audios de jueces, congresistas y los que aparezcan deben ser conocidos o no. El mundo moderno, con la revolución del Facebook, parece abominar la privacidad. Todos quieren estar en vitrina, mostrarse, saber o informar sobre el último detalle de la vida personal. Eso sí, la renuncia a la privacidad, a ese derecho constitucional tan poco valorado, es decidida, no impuesta. En el “chuponeo” criollo no. Business Track ha grabado la previsible manera de conducirse del poder político, acá o en la Cochinchina. ¿Debemos los peruanos solicitar un ataque de franqueza nacional o no saber nada de estos probables y nuevos faenones que muerden lo más profundo de nuestra institucionalidad? ¿La telaraña que se despliega debe ser investigada a cabalidad? También se ha propuesto desclasificar esta información en el 2010, a lo gringo. Cualquier decisión resulta difícil. Lo peor que puede ocurrir es que venga un desembalse informal, escandaloso y parcial. Nos perderíamos en ello
El “affaire” de los petroaudios resultó siendo “pecata minuta” al lado del Caso Business Track. El primero se trajo abajo a un gabinete, generó una fuerte crisis política y —lo peor— envolvió al Gobierno en un manto de sospecha, evidenciando que la corrupción era más fuerte de lo que creíamos y que había montado una red de funcionarios y políticos poco santa. A pesar de todo ello, lo de Business Track es un terremoto de grado mayor. Al inicio involucró a la Marina —aún no se despeja del todo la vinculación— y enfrentó al Poder Judicial con la fiscalía y a ambos con la población, que tiene dudas sobre la necesaria imparcialidad de fuero judicial. Hace poco generó la renuncia del ex ministro de Vivienda; a raíz de ello también se conoció que el abogado Alberto Quimper, el del faenón, tenía diálogos inelegantes —por decir lo menos— con importantes magistrados de la Corte Suprema y la Superior.
La sangre llegó al río del Parlamento y ahora conocemos que el “chuponeo” de Business Track registra conversaciones de congresistas y ¡diálogos de todo tipo en la presidencia del Congreso! Los involucrados, jueces y parlamentarios, reclaman inocencia plena, aunque la magnitud de este criollo espionaje es tan grande que muchos desean que la olla se destape. Es necesario hacer un inventario de qué era Business Track, sus conexiones, qué instituciones perforó, la lista de todos los “chuponeados”, los contratantes del servicio, el dinero que movió (era un negocio redondo que debe haber creado varias fortunas). Quién es quién en este peliagudo asunto. También sería reconfortante saber que no hay más Business Track en el mercado.
Probablemente tendremos un debate sobre si los audios de jueces, congresistas y los que aparezcan deben ser conocidos o no. El mundo moderno, con la revolución del Facebook, parece abominar la privacidad. Todos quieren estar en vitrina, mostrarse, saber o informar sobre el último detalle de la vida personal. Eso sí, la renuncia a la privacidad, a ese derecho constitucional tan poco valorado, es decidida, no impuesta. En el “chuponeo” criollo no. Business Track ha grabado la previsible manera de conducirse del poder político, acá o en la Cochinchina. ¿Debemos los peruanos solicitar un ataque de franqueza nacional o no saber nada de estos probables y nuevos faenones que muerden lo más profundo de nuestra institucionalidad? ¿La telaraña que se despliega debe ser investigada a cabalidad? También se ha propuesto desclasificar esta información en el 2010, a lo gringo. Cualquier decisión resulta difícil. Lo peor que puede ocurrir es que venga un desembalse informal, escandaloso y parcial. Nos perderíamos en ello
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