Las pistas se siguen tiñendo de sangre. Se calcula que al año mueren 3,500 personas en el Perú por esta causa, y a nadie parece importarle.Daniel Casimiro Chávez estaba feliz. Había cumplido uno de sus sueños: casarse con el amor de su vida, Ana Ganto Román, madre de su pequeña de tres años, luego de 18 años de convivencia. Brindó, bailó y celebró hasta la madrugada del 31 de agosto. Cerca de las 5 de la mañana subió a su auto, junto con su pareja, para ir a su casa, ubicada en Huaycán, Ate. Minutos más tarde perdió la vida en el kilómetro 10 de la Carretera Central. Chocó su auto contra un poste que se encontraba en la berma central. Su flamante esposa sufrió la fractura de sus dos piernas. Ana perdió a su compañero, y su niña, a su papá.Las muertes en las pistas de Lima son muy comunes. Hasta el momento, 594 personas han fallecido por accidentes de tránsito en la capital. Esta situación nos ha concedido el triste privilegio de ser uno de los países con mayores víctimas mortales en Latinoamérica por esta clase de incidentes (21.5 por cada 100 mil habitantes). Eso sin contar que tenemos un parque automotor muy pequeño en comparación con nuestros vecinos. Por si fuera poco, la antigüedad de nuestros vehículos está por encima del promedio de la región: 17 años.Pareciera que los choferes tienen carta blanca para hacer lo que les dé la gana. Lamentablemente, la autoridad no hace sentir su presencia o, simplemente, no asume su responsabilidad. “Se dan medidas paliativas. No se hacen cambios profundos. Solo se legisla para el momento”, asegura Luis Quispe Candia, gerente general de la ONG Luz Ámbar.Para el especialista, “hay muchas autoridades que tienen la facultad de legislar en materia de transporte”. Por eso, considera que se debe crear una superintendencia que se encargue de emitir y hacer cumplir las normas.Por su parte, Raúl de Andrea, de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), cree que se debe trabajar en la prevención. Esta es una labor que, en su opinión, se tiene que llevar a cabo en los colegios y en los centros superiores de estudios, donde se deben incluir cursos de educación vial. También estima que se necesita crear una suerte de superintendencia, que se debe aplicar la ley con rigor y que se tiene que enviar a capacitación a los conductores que cometan infracciones. Paralelamente, se debe mejorar la infraestructura vial, la señalización y la semaforización, entre otros aspectos. Soluciones hay. Lo que falta es voluntad para concretarlas.
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