Nuevamente, se ha desempolvado en el Congreso una iniciativa que no solo atenta contra el orden constitucional sino que es intrínsecamente antiética: un controvertido proyecto para que los parlamentarios puedan postular a cargos municipales y regionales, a través de una licencia especialmente direccionada que les permitiría volver a sus escaños en caso sean derrotados en el proceso electoral.
Esta estratagema representaría el colmo del cinismo, en el que no hay pierde… para los mismos congresistas. Es decir, contra todo principio ético y constitucional, los encargados de elaborar las leyes se unen para dar una dirigida a beneficiarlos directamente, incluso saltándose a la garrocha los procedimientos legales
Así, se pretendería aprobar esta “licencia especial” mediante una modificación del reglamento congresal y de las leyes orgánicas de elecciones municipales y regionales (para lo cual se necesitarían 60 votos), cuando lo propio y estrictamente necesario sería plantear una reforma constitucional que exige 80 votos y dos legislaturas consecutivas, y sin efecto retroactivo.
Efectivamente, son preceptos constitucionales los que establecen, entre otras cosas, que “el mandato legislativo es irrenunciable” (artículo 95) y que “la función de los congresistas es de tiempo completo… es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de ministro de Estado”.
Los congresistas fueron elegidos en un marco legal que ellos conocían y deben respetar. La ley es dura pero es le ley, y eso aplica primariamente a quienes aprueban las leyes, que no pueden forzarlas simplemente cuando les conviene y pasando por encima del mandato de quienes los eligieron por cinco años.
Eso sería una escandalosa perversión que, a más de denotar un desprecio por la función congresal, merecería la intervención del organismo encargado de control constitucional y restaría aun más la autoridad moral de este poder del Estado tan desprestigiado por los continuos traspiés de algunos de sus miembros.
Aparte de estas consideraciones legales, de obligatorio cumplimiento, hay otras de rango ético que deberían motivar un debate posterior si queremos dar más coherencia y consolidar el sistema democrático:
¿Por qué un congresista sí puede ser ministro de Estado y no optar por otros cargos? ¿Por qué sigue existiendo la reelección indefinida para parlamentarios, alcaldes y presidentes regionales, habida cuenta de los graves riesgos que entraña esta figura reeleccionista? ¿Y por qué un congresista no puede renunciar en tanto que los otros cargos por elección popular sí aceptan licencias, etc.? Finalmente, subsiste el asunto de la revocatoria, que no solo debe aplicarse a alcaldes y gobernadores regionales, sino también a los congresistas.
En suma, son cuestiones de suma importancia que tendrían que ser vistas en el foro adecuado y en el momento oportuno, con un enfoque totalmente técnico e imparcial, que es lo que no parece existir hoy cuando los congresistas parecen ser juez y parte al insistir en el mencionado proyecto de “licencias especiales”.
Esta estratagema representaría el colmo del cinismo, en el que no hay pierde… para los mismos congresistas. Es decir, contra todo principio ético y constitucional, los encargados de elaborar las leyes se unen para dar una dirigida a beneficiarlos directamente, incluso saltándose a la garrocha los procedimientos legales
Así, se pretendería aprobar esta “licencia especial” mediante una modificación del reglamento congresal y de las leyes orgánicas de elecciones municipales y regionales (para lo cual se necesitarían 60 votos), cuando lo propio y estrictamente necesario sería plantear una reforma constitucional que exige 80 votos y dos legislaturas consecutivas, y sin efecto retroactivo.
Efectivamente, son preceptos constitucionales los que establecen, entre otras cosas, que “el mandato legislativo es irrenunciable” (artículo 95) y que “la función de los congresistas es de tiempo completo… es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de ministro de Estado”.
Los congresistas fueron elegidos en un marco legal que ellos conocían y deben respetar. La ley es dura pero es le ley, y eso aplica primariamente a quienes aprueban las leyes, que no pueden forzarlas simplemente cuando les conviene y pasando por encima del mandato de quienes los eligieron por cinco años.
Eso sería una escandalosa perversión que, a más de denotar un desprecio por la función congresal, merecería la intervención del organismo encargado de control constitucional y restaría aun más la autoridad moral de este poder del Estado tan desprestigiado por los continuos traspiés de algunos de sus miembros.
Aparte de estas consideraciones legales, de obligatorio cumplimiento, hay otras de rango ético que deberían motivar un debate posterior si queremos dar más coherencia y consolidar el sistema democrático:
¿Por qué un congresista sí puede ser ministro de Estado y no optar por otros cargos? ¿Por qué sigue existiendo la reelección indefinida para parlamentarios, alcaldes y presidentes regionales, habida cuenta de los graves riesgos que entraña esta figura reeleccionista? ¿Y por qué un congresista no puede renunciar en tanto que los otros cargos por elección popular sí aceptan licencias, etc.? Finalmente, subsiste el asunto de la revocatoria, que no solo debe aplicarse a alcaldes y gobernadores regionales, sino también a los congresistas.
En suma, son cuestiones de suma importancia que tendrían que ser vistas en el foro adecuado y en el momento oportuno, con un enfoque totalmente técnico e imparcial, que es lo que no parece existir hoy cuando los congresistas parecen ser juez y parte al insistir en el mencionado proyecto de “licencias especiales”.
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