Por: Juan Paredes Castro
Javier Villa Stein ya no tiene que lidiar con el protocolo de Estado que le rebajó de nivel en el reciente desfile militar, obligándolo, en protesta, a no lucir la medalla de su investidura durante todo el evento.
Fue tan manifiesto el cambio de su ubicación oficial, que le llovieron disculpas y rectificaciones.
Ahora el presidente de la Corte Suprema tiene entre manos dos papas calientes, que lo llevan a la difícil y compleja definición de fueros y competencias, con el correspondiente compás de espera respecto del éxito que pueda obtener o el fracaso que pueda enfrentar.
En primer lugar se encuentra con una resolución del Tribunal Constitucional que excluye de un proceso por enriquecimiento ilícito al general Walter Chacón Dávila, comandante general del Ejército durante el régimen de Alberto Fujimori. Para Villa Stein, el TC no puede intervenir sino al final de un proceso y con sentencia a la vista. Aparentemente al TC le asistirían razones constitucionales para hacerlo.
En segundo lugar debe resolver la contienda de competencia entre la jueza Antonia Saquicuray y la justicia militar respecto de quién tendría que juzgar al suboficial espía de la FAP Víctor Ariza. En este caso, Villa Stein se ha pronunciado a favor del fuero castrense y en contra de la posición de Saquicuray que considera que el espionaje de Ariza afectó la defensa nacional y que por consiguiente el delito cometido corresponde procesarse en el fuero común.
Ya es momento de que las zonas grises entre los fueros común y militar y las otras que nublan las competencias entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional sean técnica e inteligentemente zanjadas. No es que haya la necesidad de borrarlas por completo. No. Siempre van a existir. El problema es que no se descienda a puntos muertos que terminan generando recelo y desconfianza frente a una y otra jurisdicción.
A causa de las zonas grises aludidas la justicia se vuelve engorrosa y desconfiable. Y las instituciones encargadas de velar por ella, en focos de conflicto.
No podemos vivir todo el tiempo en el limbo jurídico y, peor todavía, en el limbo burocrático.
Javier Villa Stein ya no tiene que lidiar con el protocolo de Estado que le rebajó de nivel en el reciente desfile militar, obligándolo, en protesta, a no lucir la medalla de su investidura durante todo el evento.
Fue tan manifiesto el cambio de su ubicación oficial, que le llovieron disculpas y rectificaciones.
Ahora el presidente de la Corte Suprema tiene entre manos dos papas calientes, que lo llevan a la difícil y compleja definición de fueros y competencias, con el correspondiente compás de espera respecto del éxito que pueda obtener o el fracaso que pueda enfrentar.
En primer lugar se encuentra con una resolución del Tribunal Constitucional que excluye de un proceso por enriquecimiento ilícito al general Walter Chacón Dávila, comandante general del Ejército durante el régimen de Alberto Fujimori. Para Villa Stein, el TC no puede intervenir sino al final de un proceso y con sentencia a la vista. Aparentemente al TC le asistirían razones constitucionales para hacerlo.
En segundo lugar debe resolver la contienda de competencia entre la jueza Antonia Saquicuray y la justicia militar respecto de quién tendría que juzgar al suboficial espía de la FAP Víctor Ariza. En este caso, Villa Stein se ha pronunciado a favor del fuero castrense y en contra de la posición de Saquicuray que considera que el espionaje de Ariza afectó la defensa nacional y que por consiguiente el delito cometido corresponde procesarse en el fuero común.
Ya es momento de que las zonas grises entre los fueros común y militar y las otras que nublan las competencias entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional sean técnica e inteligentemente zanjadas. No es que haya la necesidad de borrarlas por completo. No. Siempre van a existir. El problema es que no se descienda a puntos muertos que terminan generando recelo y desconfianza frente a una y otra jurisdicción.
A causa de las zonas grises aludidas la justicia se vuelve engorrosa y desconfiable. Y las instituciones encargadas de velar por ella, en focos de conflicto.
No podemos vivir todo el tiempo en el limbo jurídico y, peor todavía, en el limbo burocrático.
No hay comentarios:
Publicar un comentario