Karina Garay
garay@editoraperu.com.pe
Los numerosos fraudes y delitos que se generan teniendo como base los servicios en telecomunicaciones, afectan a las empresas, al Estado, pero también a la población en general, que ve alejarse valiosos recursos financieros que bien podrían servir para ampliar la cobertura nacional de estos servicios. Hortencia Rozas, directora de regulación de Telefónica del Perú, anunció que se trabaja en normas que permitirán accionar con mayor rapidez y efectividad.¿Qué tipo de fraudes en las telecomunicaciones son los más comunes en nuestro país? –Hay fraudes en Internet, servicio de cable, telefonía fija y móvil. Toda reventa de un servicio que los usuarios contratan como personal, es ilegal. En el caso del cable, hay incluso empresas concesionarias que no cuentan con licencia para retrasmitir la señal. La capturan con antenas satelitales y las revenden como si fueran propias. Esta modalidad no está declarada como delito. En el caso del Internet, hay usuarios que adquieren el servicio y a través de antenas lo revenden a otros. Estas personas consumen un gran espacio de banda que deteriora la calidad del servicio de otros usuarios.¿Qué ocurre en el campo de la telefonía?–En la fija, hay lo que se llama fraude por suscripción. Gente que usa identificación falsa para contratar servicios, hacer mal uso de ellos. No pagar o revenderlos, tipo cabinas. Una vez que han gastado una importante cantidad de dinero desparecen. Otra modalidad es la que permite convertir llamadas del exterior en locales, para no pagar los cargos de interconexión a los operadores. En algunos casos, las llamadas pueden terminar en otros países. Lo que sucede en los teléfonos móviles es muy parecido.¿Más allá de las pérdidas económicas para las empresas, existen otros efectos adversos? –Cuando uno revende un servicio que no ha adquirido, evidentemente está robando. Cuando se plantean este tipo de casos en un debate público, es porque los riesgos y las cuentas de las compañías se ven afectadas fuertemente. Sin embargo, no se deja de pagar únicamente a las empresas. La gente está lucrando con servicios ajenos y no paga ningún tributo al Estado. Las operadoras formales pagan a Osiptel, al ministerio, los denominados tributos regulatorios, la tasa de explotación comercial, el canon radioeléctrico, entre otros. Toda la sociedad pierde. ¿Quien está detrás de estos fraudes?–La reventa de Internet, es un problema que está creciendo mucho. Por lo general son personas naturales. Pero hay otros casos, en donde se opera desde el exterior, con presencia de bandas que introducen tráfico ilegal (de llamadas) a la red oficial, con costos inmensos. La idea es tener la capacidad de cortar estos servicios ilegales. Por eso estamos tratando de que se mejoren las normas.¿La normatividad vigente no lo permite?–El procedimiento está en revisión. Creemos que es oportuno pedirle al Osiptel que sus procedimientos sean más ágiles y eficientes. Hace algún tiempo, tuvimos un problema de tráfico fraudulento, generado en el exterior, que pasó por la red de Telefónica y terminó en países del medio oriente. Eso produjo una deuda de 8 millones de soles, sin haber generado la llamada. Este tipo de fraudes son fácilmente detectables por las empresas, pero lo que se necesita es un procedimiento que permita una rápida intervención.¿Qué están pidiendo?–Queremos que se modifiquen las Condiciones de Uso de las telecomunicaciones, norma marco que regula los derechos y obligaciones de los abonados. En este momento se desarrolla un proceso de corte para los usos indebidos que todavía no ha sido publicado. Necesitamos ganar eficiencia y tiempo de oportunidad, para cortar estos servicios indebidos. ¿Piden sanciones?–Consideramos que debemos trabajar con el Ministerio, una miradita a los defraudadores con fachada legal. Al Ministerio público, al Congreso le tenemos que pedir una tipificación legal de estos nuevos delitos. Muchos podrían pensar que las empresas operadoras son las únicas que pierden con estos fraudes y no se logra mayor compromiso del resto de la sociedad El quehacer de las empresas es dar servicio a la mayor cantidad de la población, mejorar la infraestructura y para eso se requiere inversión. Pero si distraemos recursos para el control de estos delitos, se pierde dinero que podría emplearse para conectar zonas aisladas, para dar telefonía e Internet.
Mayor compromisoHortencia Rozas, directora de regulación de Telefónica del Perú, sostuvo que es necesario que la población se involucre en esta lucha, porque cuando los servicios se masifican, crecen en dimensiones de cobertura, se generan economías de escala y eso se traslada a los pagos. Pero al distraer recursos para defender a la compañía, no se crece en la escala suficiente para abaratar tarifas.Agregó que la labor de los denominados chalecos muchas veces es ilegal, pues para poder lucrar con las llamadas desde teléfonos móviles estropean los servicios públicos fijos cercanos a ellos. Para vender un servicio de telefonía, hay que tener un contrato con una operadora y ellos no lo tienen. Están haciendo un uso indebido
Los numerosos fraudes y delitos que se generan teniendo como base los servicios en telecomunicaciones, afectan a las empresas, al Estado, pero también a la población en general, que ve alejarse valiosos recursos financieros que bien podrían servir para ampliar la cobertura nacional de estos servicios. Hortencia Rozas, directora de regulación de Telefónica del Perú, anunció que se trabaja en normas que permitirán accionar con mayor rapidez y efectividad.¿Qué tipo de fraudes en las telecomunicaciones son los más comunes en nuestro país? –Hay fraudes en Internet, servicio de cable, telefonía fija y móvil. Toda reventa de un servicio que los usuarios contratan como personal, es ilegal. En el caso del cable, hay incluso empresas concesionarias que no cuentan con licencia para retrasmitir la señal. La capturan con antenas satelitales y las revenden como si fueran propias. Esta modalidad no está declarada como delito. En el caso del Internet, hay usuarios que adquieren el servicio y a través de antenas lo revenden a otros. Estas personas consumen un gran espacio de banda que deteriora la calidad del servicio de otros usuarios.¿Qué ocurre en el campo de la telefonía?–En la fija, hay lo que se llama fraude por suscripción. Gente que usa identificación falsa para contratar servicios, hacer mal uso de ellos. No pagar o revenderlos, tipo cabinas. Una vez que han gastado una importante cantidad de dinero desparecen. Otra modalidad es la que permite convertir llamadas del exterior en locales, para no pagar los cargos de interconexión a los operadores. En algunos casos, las llamadas pueden terminar en otros países. Lo que sucede en los teléfonos móviles es muy parecido.¿Más allá de las pérdidas económicas para las empresas, existen otros efectos adversos? –Cuando uno revende un servicio que no ha adquirido, evidentemente está robando. Cuando se plantean este tipo de casos en un debate público, es porque los riesgos y las cuentas de las compañías se ven afectadas fuertemente. Sin embargo, no se deja de pagar únicamente a las empresas. La gente está lucrando con servicios ajenos y no paga ningún tributo al Estado. Las operadoras formales pagan a Osiptel, al ministerio, los denominados tributos regulatorios, la tasa de explotación comercial, el canon radioeléctrico, entre otros. Toda la sociedad pierde. ¿Quien está detrás de estos fraudes?–La reventa de Internet, es un problema que está creciendo mucho. Por lo general son personas naturales. Pero hay otros casos, en donde se opera desde el exterior, con presencia de bandas que introducen tráfico ilegal (de llamadas) a la red oficial, con costos inmensos. La idea es tener la capacidad de cortar estos servicios ilegales. Por eso estamos tratando de que se mejoren las normas.¿La normatividad vigente no lo permite?–El procedimiento está en revisión. Creemos que es oportuno pedirle al Osiptel que sus procedimientos sean más ágiles y eficientes. Hace algún tiempo, tuvimos un problema de tráfico fraudulento, generado en el exterior, que pasó por la red de Telefónica y terminó en países del medio oriente. Eso produjo una deuda de 8 millones de soles, sin haber generado la llamada. Este tipo de fraudes son fácilmente detectables por las empresas, pero lo que se necesita es un procedimiento que permita una rápida intervención.¿Qué están pidiendo?–Queremos que se modifiquen las Condiciones de Uso de las telecomunicaciones, norma marco que regula los derechos y obligaciones de los abonados. En este momento se desarrolla un proceso de corte para los usos indebidos que todavía no ha sido publicado. Necesitamos ganar eficiencia y tiempo de oportunidad, para cortar estos servicios indebidos. ¿Piden sanciones?–Consideramos que debemos trabajar con el Ministerio, una miradita a los defraudadores con fachada legal. Al Ministerio público, al Congreso le tenemos que pedir una tipificación legal de estos nuevos delitos. Muchos podrían pensar que las empresas operadoras son las únicas que pierden con estos fraudes y no se logra mayor compromiso del resto de la sociedad El quehacer de las empresas es dar servicio a la mayor cantidad de la población, mejorar la infraestructura y para eso se requiere inversión. Pero si distraemos recursos para el control de estos delitos, se pierde dinero que podría emplearse para conectar zonas aisladas, para dar telefonía e Internet.
Mayor compromisoHortencia Rozas, directora de regulación de Telefónica del Perú, sostuvo que es necesario que la población se involucre en esta lucha, porque cuando los servicios se masifican, crecen en dimensiones de cobertura, se generan economías de escala y eso se traslada a los pagos. Pero al distraer recursos para defender a la compañía, no se crece en la escala suficiente para abaratar tarifas.Agregó que la labor de los denominados chalecos muchas veces es ilegal, pues para poder lucrar con las llamadas desde teléfonos móviles estropean los servicios públicos fijos cercanos a ellos. Para vender un servicio de telefonía, hay que tener un contrato con una operadora y ellos no lo tienen. Están haciendo un uso indebido
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