Ante la imparable y cruenta racha de accidentes de tránsito ocasionados por fallas humanas, sobre todo por el irresponsable consumo de alcohol de los conductores, el Congreso ha aprobado nuevas medidas que merecen debatirse técnica y objetivamente.
Según la propuesta que modifica varios artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal, ahora las sanciones para quienes conduzcan ebrios o bajo efectos de drogas serán más drásticas, lo que resulta adecuado.
Sin embargo, la otra medida que rebaja el nivel de alcohol permitido, a 0,25%, mas solo para los choferes de transporte público, es bastante polémica y debe ser analizada desde una perspectiva realista, coherente e integral.
Está bien que se quiera proteger a los usuarios de transporte urbano e interprovincial, pero ello demandaría prohibir por completo el consumo de alcohol a esos choferes. Paralelamente, debe fiscalizarse que se ejecuten otras medidas como instalar tacómetros (para la velocidad), colocar cámaras en los terminales y, tan importante como eso, mejorar el control en las garitas y dotar de más recursos, vehículos adecuados y agentes a la Policía de Carreteras.
Sin embargo, eso no es todo. Hay otra importante cuestión que no ha sido considerada: la estadística demuestra que los accidentes por efectos de alcohol son mayoritariamente causados por conductores particulares. Por ello, lo pertinente sería rebajar los niveles permisibles de alcohol a 0,5 para todos los choferes, públicos o particulares; o, más aun, considerar su prohibición total, como se hace en otros países. Es decir, la ley seca.
Está probado que la combinación de alcohol (o drogas) y manejo de vehículos motores es mortal. Como hemos informado hace poco, es escandaloso que anualmente unos 3.500 peruanos pierdan la vida en accidentes de tránsito y que otros 50.000 sufran heridas que les ocasionan discapacidad permanente y truncan su vida familiar. Además, los accidentes generan daños económicos ascendentes a mil millones de dólares.
A esto es a lo que debemos poner coto. El problema sigue, pues, sobre la mesa de debates a la espera de una reevaluación exhaustiva por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo a la hora de promulgar y dar fuerza de ley a las modificaciones propuestas, o considerar la instauración de la ley seca.
En tanto, la Policía Nacional debe continuar con sus campañas públicas de control de alcoholemia a toda hora, para lo cual es evidente la carencia de logística y personal. Complementariamente, urge reforzar los controles internos en la institución para evitar irregularidades y maniobras corruptas que puedan debilitar estas campañas.
A su turno, corresponde que el Ministerio Público y el Poder Judicial asuman su responsabilidad a la hora de perseguir, denunciar y castigar severamente a los transgresores de la ley que causan accidentes y dejan muertos y heridos. La justicia debe ser dura e igual para todos, pues la impunidad, aparte de inequitativa e indignante, sienta nefastos precedentes y promueve nuevas transgresiones.
Adicionalmente, los colegios y universidades tienen que integrarse a estas campañas para tomar conciencia de lo que está en juego aquí: la vida misma de los ciudadanos y su futuro. Es cuestión de ser responsables. El entretenimiento y la diversión sana no pueden terminar en la morgue, como lo enfatizamos desde El Comercio en campañas como Si Toma Licor, No Tome el Timón.
Por lo mismo, la sociedad civil debe adoptar con seriedad y entusiasmo recientes campañas como la del Amigo Elegido y promover otras para parar de una vez por todas esta espiral de alcohol, sangre y muerte en las pistas.
Según la propuesta que modifica varios artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal, ahora las sanciones para quienes conduzcan ebrios o bajo efectos de drogas serán más drásticas, lo que resulta adecuado.
Sin embargo, la otra medida que rebaja el nivel de alcohol permitido, a 0,25%, mas solo para los choferes de transporte público, es bastante polémica y debe ser analizada desde una perspectiva realista, coherente e integral.
Está bien que se quiera proteger a los usuarios de transporte urbano e interprovincial, pero ello demandaría prohibir por completo el consumo de alcohol a esos choferes. Paralelamente, debe fiscalizarse que se ejecuten otras medidas como instalar tacómetros (para la velocidad), colocar cámaras en los terminales y, tan importante como eso, mejorar el control en las garitas y dotar de más recursos, vehículos adecuados y agentes a la Policía de Carreteras.
Sin embargo, eso no es todo. Hay otra importante cuestión que no ha sido considerada: la estadística demuestra que los accidentes por efectos de alcohol son mayoritariamente causados por conductores particulares. Por ello, lo pertinente sería rebajar los niveles permisibles de alcohol a 0,5 para todos los choferes, públicos o particulares; o, más aun, considerar su prohibición total, como se hace en otros países. Es decir, la ley seca.
Está probado que la combinación de alcohol (o drogas) y manejo de vehículos motores es mortal. Como hemos informado hace poco, es escandaloso que anualmente unos 3.500 peruanos pierdan la vida en accidentes de tránsito y que otros 50.000 sufran heridas que les ocasionan discapacidad permanente y truncan su vida familiar. Además, los accidentes generan daños económicos ascendentes a mil millones de dólares.
A esto es a lo que debemos poner coto. El problema sigue, pues, sobre la mesa de debates a la espera de una reevaluación exhaustiva por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo a la hora de promulgar y dar fuerza de ley a las modificaciones propuestas, o considerar la instauración de la ley seca.
En tanto, la Policía Nacional debe continuar con sus campañas públicas de control de alcoholemia a toda hora, para lo cual es evidente la carencia de logística y personal. Complementariamente, urge reforzar los controles internos en la institución para evitar irregularidades y maniobras corruptas que puedan debilitar estas campañas.
A su turno, corresponde que el Ministerio Público y el Poder Judicial asuman su responsabilidad a la hora de perseguir, denunciar y castigar severamente a los transgresores de la ley que causan accidentes y dejan muertos y heridos. La justicia debe ser dura e igual para todos, pues la impunidad, aparte de inequitativa e indignante, sienta nefastos precedentes y promueve nuevas transgresiones.
Adicionalmente, los colegios y universidades tienen que integrarse a estas campañas para tomar conciencia de lo que está en juego aquí: la vida misma de los ciudadanos y su futuro. Es cuestión de ser responsables. El entretenimiento y la diversión sana no pueden terminar en la morgue, como lo enfatizamos desde El Comercio en campañas como Si Toma Licor, No Tome el Timón.
Por lo mismo, la sociedad civil debe adoptar con seriedad y entusiasmo recientes campañas como la del Amigo Elegido y promover otras para parar de una vez por todas esta espiral de alcohol, sangre y muerte en las pistas.
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