¡Basta de adolescentes en “prosti-bares”!

Por: Tammy Quintanilla Zapata
Directora del Movimiento El Pozo
tammy@movimientoelpozo.org
(Lima, Noticias de la OIT) Una emisora radial de Lima ha impulsado una interesante campaña contra el consumo de alcohol para los menores. Está dirigida a dueños de negocios en este rubro y el mensaje es “No des a los menores problemas mayores.” Es lamentable que en el Perú haya comerciantes que no solo venden o facilitan el consumo de alcohol a las personas menores de 18 años de edad, lo peor es saber que hay muchos negocios, llamados “prosti-bares” donde utilizan adolescentes para propiciar este consumo y acompañar a los clientes, aceptando sus requerimientos sexuales. Como vemos, el irrespeto a las adolescentes, niñas y niños es mucho más grave.El Movimiento El Pozo tiene una línea de orientación telefónica de alcance nacional, Fono Mujer 0800-108-01, que recibe llamadas de autoridades y familiares de víctimas desde el interior del país. Entre 2004 y mediados de 2009, la atención telefónica y las investigaciones han dado inicio a la intervención de la institución, contribuyendo a la búsqueda, el rescate y/o la atención de 50 adolescentes que han sido víctimas de explotación sexual comercial. En su mayoría, han sido de origen amazónico, especialmente de los departamentos de San Martín y Loreto, en el oriente del país.La forma de captación más extendida es el ofrecimiento de trabajo como mesera o trabajadora del hogar fuera de su localidad, empleo que resulta ser falso al momento de llegar al lugar de destino. Muchas veces, la aceptación inicial de este ofrecimiento de trabajo es hecha por sus padres pues ellas son consideradas un agente económicamente activo por sus familias.El o la ofertante, que en realidad es un tratante, llega a dar un adelanto a los padres por la labor que la hija va a realizar. En vez de considerarse una forma de “vender” a sus hijas, esto es visto por los padres como un acto que genera credibilidad en el ofrecimiento del tratante. En un país donde tantas personas humildes trabajan sin tener seguridad sobre la recepción de su salario, a fin de mes o de jornada, un pago adelantado puede parecer un gesto de generosidad y un indicador de veracidad.Oportunidades que encubren trampas de explotaciónPor lo general, los padres no tienen conocimiento de este engaño, es decir, son sorprendidos en cuanto a la actividad que sus hijas son obligadas a realizar. Al menos, así sucede con los casos atendidos por la institución, ya que son padres o madres que recurren a las defensorías municipales o a las delegaciones policiales para denunciar la desaparición de sus hijas, pidiendo ayuda, al no haber tenido noticias de ellas desde un momento determinado. Algunos han venido recibiendo dinero del trabajo de las adolescentes, aunque no hayan confirmado la certeza de la labor que el o la ofertante del trabajo mencionó.En la mitad de los casos, la propia adolescente es la que acepta irse con el ofertante del trabajo, sin esperar el consentimiento de sus padres. Esto sucede con las adolescentes que ya han trabajado como empleadas del hogar o dependientas de algún negocio de atención al público. El ser trabajadoras adolescentes las coloca en una situación más accesible a los tratantes, que se presentan como ofertantes, ya que les es más fácil convencerlas sobre una posibilidad de empleo con mayor ingreso que el percibido.Los ofertantes son mayormente mujeres; estas pueden ser las dueñas de los negocios o las adolescentes o jóvenes que fueron captadas para el comercio sexual y la explotación, pero que son enviadas por el dueño o dueña del negocio. Es más factible que un padre o una madre o la propia adolescente confíen en una mujer que en un hombre para viajar con la adolescente. Estos tratantes van a los caseríos, a las zonas rurales, a los lugares más recónditos de las regiones de alta vulnerabilidad, tales como San Martín, Loreto, Madre de Dios, Cusco, Tumbes y Lima. Pueden ser lugares a donde se llega solo navegando por río y/o caminando kilómetros por trocha o sendero sin asfalto.Para una adolescente que sale de una comunidad alejada e inserta en medio de la marginación estatal y económica, la experiencia puede ser más traumática, debido a los cambios de ambiente y de entorno social. La discriminación hacia ella se agudiza, debido a las diferencias que muestra.Así se ve en el trato dado a las adolescentes y niñas cusqueñas llevadas a los “prosti-bares” de regiones amazónicas, donde permanentemente les expresan desprecio por el uso de ojotas (sandalias) que tenían al momento en que llegaron. También puede verse en el trato dado a las adolescentes y niñas amazónicas en los “prosti-bares” de diferentes zonas del país, donde se les atribuye una inclinación marcada al contacto sexual que, supuestamente, se basa en su origen geográfico. Hasta en los avisos públicos de servicios sexuales pueden verse expresiones discriminatorias hacia las adolescentes amazónicas. Incluso en los diarios de la capital, en los que se ha evitado mencionar la edad o la nomenclatura sobre esta, pero se usan adjetivos calificativos que aluden claramente a la condición de adolescentes o muy jóvenes y al gentilicio amazónico.Mientras se continúe sobrevalorando la obtención del dinero como la mejor meta alcanzable, en vez del desarrollo humano posible con la educación, la cultura y el conocimiento, las mujeres jóvenes, las adolescentes y sus padres van a seguir siendo susceptibles de engaño sobre aparentes oportunidades de empleo que, en realidad, disfrazan trampas de explotación. Ellas merecen mayor inversión y esfuerzos en su ubicación, rescate, atención integral, apoyo a su familia y reinserción escolar.Es menester invocar a los empresarios, emprendedores y dueños de negocios vinculados a la comercialización del alcohol y entretenimiento sexual a que eviten la presencia de adolescentes en sus establecimientos. Los de mayor envergadura económica deben omitir la realización de transacciones u operaciones comerciales con este tipo de comerciantes, que incurren en la delincuencia.Las autoridades tienen que asumir mayor responsabilidad en la aplicación de las normas vigentes para que se hagan efectivas las sanciones al turismo sexual con personas menores de edad, la pornografía infantil y la conducta del usuario – cliente que paga por servicios sexuales de adolescentes, además del proxenetismo y la trata de personas, cuando estos delitos agravian a niños, niñas o adolescentes.